Considero que hay un personaje cuya actuación no ha sido analizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en cuanto a su actuación en el conocimiento e investigación de tan lamentables hechos, y es precisamente el ombudsman poblano Adolfo López Badillo, quien desde el principio asumió una actitud de indiferencia ante los reclamos de los pobladores afectados y organizaciones ciudadanas que acudieron al organismo a presentar las quejas correspondientes.
Su actuación, desde que ocupa el cargo, ha sido la misma: minimizar las denuncias y abstenerse de cumplir con las obligaciones que protestó cumplir, previstas tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado y la ley que rige el organismo, absteniéndose de dar a conocer públicamente los avances de sus investigaciones, protegiendo a las autoridades involucradas y peor aún, sin dar la cara a la sociedad sobre los logros de su gestión al frente de la comisión.
Sus informes anuales de actividades se han convertido en una pasarela política, donde se manejan cifras alegres de expedientes y quejas en su mayoría administrativas, sin mencionar todos los casos en que se ha negado a abrir investigaciones cuando considera que puede afectar a actores políticos o autoridades a quienes debe su puesto como presidente del organismo.
El número de recomendaciones por año, en lugar de incrementarse por el aumento de la inseguridad de la población en los centros penitenciarios y las detenciones, ha disminuido en los años de su gestión de 70 a 60 por año, lo que demuestra que la población del estado no cuenta en la persona de López Badillo, ni en el Consejo Consultivo de la comisión, con la confianza en su labor, ni con la certeza de que actuará en forma imparcial para investigar las violaciones de derechos humanos que se cometen todos los días y abusos de poder de las autoridades.
Ahora que la CNDH atrajo el caso de Chalchihuapan, también debe analizar la actuación del ombudsman poblano y en su caso, solicitar al Congreso del estado que se le investigue por su inacción en la atención inicial de los hechos y fincarle responsabilidad como funcionario público, destituyéndolo del cargo.
Pero como vivimos en el estado donde no pasa nada, seguramente no será tocado en la recomendación y los diputados lo dejarán continuar en el cargo.
Por ello sostengo que si Adolfo López Badillo conoce el significado de la palabra dignidad, será mejor que presente su renuncia al cargo en forma irrevocable, ya que para los poblanos y las organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas, su trabajo al frente de la comisión no es garantía de que se avale la defensa y protección de los derechos humanos de la ciudadanía.
