Propuesta que profundizó posteriormente, al señalar que “las declaraciones patrimoniales es algo que nos da a todos los ciudadanos confianza, saber qué propiedades tenía un funcionario antes de llegar a un cargo y qué propiedades tiene después”.
Me parece una propuesta loable, que debería aplicar para todos los aspirantes de todos los partidos políticos, no sólo para los del PAN; aunque en época electoral, como la que ya estamos viviendo, pudiera parecer un acto de proselitismo del mandatario estatal en favor de los candidatos, pero que posiblemente tenga efectos contrarios a lo que se pretendía, ya que, si analizamos a fondo la propuesta, vale la pena preguntarnos: ¿cuál es realmente la situación patrimonial de los aspirantes a candidatos?
¿Es la que ellos mismos dieron a conocer, ante la Contraloría estatal?, ¿la que obra en los archivos del Registro Público de la Propiedad y los bancos?, ¿la que concuerda con sus declaraciones de impuestos ante el SAT?
¿Cuál era el patrimonio que tenían antes de ocupar los cargos que han detentado y cómo se justifica el aumento del mismo revisando sus ingresos, con sus gastos y bienes? ¿Cuántas “casas blancas” se pueden ubicar a nombre de sus familiares más cercanos, a partir de que trabajan como servidores públicos?
Si revisamos todos estos elementos a fondo, nos llevaríamos varias sorpresas, ya que los ciudadanos no tenemos la certeza de la veracidad de las declaraciones patrimoniales, porque la misma Contraloría estatal no cuenta con los mecanismos y herramientas necesarias para investigar y fincar responsabilidades a los funcionarios cuya riqueza se torna inexplicable; o bien se han beneficiado en diversas obras o contratos donde existen conflictos de intereses.
No es suficiente que a los ciudadanos se nos dé a conocer la situación patrimonial de los aspirantes a candidatos, sino también que se justifique que en la realidad esta información es confiable y que las demás actividades que desarrollan en otros ámbitos profesionales o de negocios no pueden originar conflictos de interés en los que se beneficien ellos o sus familiares en primer y segundo grado.
Se requiere también conocer el origen y monto de los recursos de que dispondrán para sus campañas políticas, ya que sabemos que por mucho los topes de campaña se rebasan y ello crea inequidad en el proceso electoral, ya que por experiencia, aún y cuando se demuestre esta situación, las autoridades electorales, en la gran mayoría de los casos, no se atreven a anular la elección.
Se requiere, además, que los ciudadanos cuenten con información en el sentido de que los candidatos no tienen antecedentes penales, que no están inhabilitados o se encuentran sujetos a procedimientos de responsabilidad administrativa.
Obvio es muy difícil que los candidatos publiquen toda esta información, sobre todo porque la ley no los obliga; pero si realmente los partidos quieren dar una muestra de honestidad y transparencia, deberían hacerlo; si es que desean que los electores confíen en sus candidatos y con ello se logre abatir el fantasma del abstencionismo que se vislumbra en este proceso electoral.
