Thursday, 21 de March de 2019


¿Honestidad albiazul?




Escrito por  Julian German Molina Carrillo
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Ante la publicación de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios que forman parte del gabinete morenovallista, dados a conocer en los apartados de Transparencia del gobierno estatal, antes de que fueran nominados como precandidatos a una diputación federal por parte del Partido Acción Nacional, vale la pena hacer varias reflexiones sobre este hecho, en el marco de la propuesta que presentó el gobernador Rafael Moreno Valle, en la reunión plenaria de legisladores de su partido llevada a cabo en Los Cabos, Baja California, en días pasados, en el sentido de que los candidatos de Acción Nacional hicieran públicas sus declaraciones patrimoniales.

Propuesta que profundizó posteriormente, al señalar que “las declaraciones patrimoniales es algo que nos da a todos los ciudadanos confianza, saber qué propiedades tenía un funcionario antes de llegar a un cargo y qué propiedades tiene después”.

 

Me parece una propuesta loable, que debería aplicar para todos los aspirantes de todos los partidos políticos, no sólo para los del PAN; aunque en época electoral, como la que ya estamos viviendo, pudiera parecer un acto de proselitismo del mandatario estatal en favor de los candidatos, pero que posiblemente tenga efectos contrarios a lo que se pretendía, ya que, si analizamos a fondo la propuesta, vale la pena preguntarnos: ¿cuál es realmente la situación patrimonial de los aspirantes a candidatos?

 

¿Es la que ellos mismos dieron a conocer, ante la Contraloría estatal?, ¿la que obra en los archivos del Registro Público de la Propiedad y los bancos?, ¿la que concuerda con sus declaraciones de impuestos ante el SAT?

 

¿Cuál era el patrimonio que tenían antes de ocupar los cargos que han detentado y cómo se justifica el aumento del mismo revisando sus ingresos, con sus gastos y bienes? ¿Cuántas “casas blancas” se pueden ubicar a nombre de sus familiares más cercanos, a partir de que trabajan como servidores públicos?

 

 

Si revisamos todos estos elementos a fondo, nos llevaríamos varias sorpresas, ya que los ciudadanos no tenemos la certeza de la veracidad de las declaraciones patrimoniales, porque la misma Contraloría estatal no cuenta con los mecanismos y herramientas necesarias para investigar y fincar responsabilidades a los funcionarios cuya riqueza se torna inexplicable; o bien se han beneficiado en diversas obras o contratos donde existen conflictos de intereses.

 

No es suficiente que a los ciudadanos se nos dé a conocer la situación patrimonial de los aspirantes a candidatos, sino también que se justifique que en la realidad esta información es confiable y que las demás actividades que desarrollan en otros ámbitos profesionales o de negocios no pueden originar conflictos de interés en los que se beneficien ellos o sus familiares en primer y segundo grado.

 

 

Se requiere también conocer el origen y monto de los recursos de que dispondrán para sus campañas políticas, ya que sabemos que por mucho los topes de campaña se rebasan y ello crea inequidad en el proceso electoral, ya que por experiencia, aún y cuando se demuestre esta situación, las autoridades electorales, en la gran mayoría de los casos, no se atreven a anular la elección.

 

 

Se requiere, además, que los ciudadanos cuenten con información en el sentido de que los candidatos no tienen antecedentes penales, que no están inhabilitados o se encuentran sujetos a procedimientos de responsabilidad administrativa.

 

 

Obvio es muy difícil que los candidatos publiquen toda esta información, sobre todo porque la ley no los obliga; pero si realmente los partidos quieren dar una muestra de honestidad y transparencia, deberían hacerlo; si es que desean que los electores confíen en sus candidatos y con ello se logre abatir el fantasma del abstencionismo que se vislumbra en este proceso electoral.

 

 

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