·La responsabilidad de los diputados locales, en la aprobación de las leyes
Mucho se ha debatido en diferentes espacios acerca del actuar de los actuales diputados locales, en torno al trabajo que hasta el momento han venido desempeñando en el Congreso del Estado al aprobar leyes y reformas legislativas, que más que atender al interés ciudadano, pareciera que han sido hechas a modo para privilegiar a determinados grupos empresariales o para avalar políticas públicas que apuntalen los proyectos del actual Gobierno Estatal.
Ejemplos sobran y podemos citar entre ellos, los casos de las reformas a la legislación penal en materia de delitos como la calumnia y la difamación (reforma dedicada al gremio periodístico),la Ley del Notariado (dedicada a este grupo, otrora consentido por los Gobiernos y hoy perseguido por su pasado político), la Ley de Expropiación, la denominada Ley Bala, las reformas a la Ley Estatal del Agua —que trajo como consecuencia la privatización del servicio del agua potable, concesionado a una empresa y que ha originado el descontento social, ante ciudadanos que debemos pagar más por un servicio de mala calidad y que nunca ha sido suficiente para todas las colonias de la capital—, hasta llegar a la vergonzosa reelección en el cargo del actual Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, quien ha servido para todo, menos para defender los derechos humanos de los poblanos y al que, sin embargo, debemos seguir padeciendo su pésimo trabajo por cuatro años más, por decisión de nuestros flamantes legisladores.
La situación anterior nos llevaría a concluir que estos señores, que afirman ser “nuestros representantes”, tienen demasiados compromisos políticos o están completamente entregados a defender los intereses de sus partidos y a quienes lo último que les importa es la opinión de quienes con nuestros impuestos pagamos su salario y en este grupo entran los legisladores de todos los partidos, ya que no es posible distinguir entre ellos una real fuerza de oposición o por lo menos de un grupo que se preocupe por escuchar las voces de los ciudadanos o de las organizaciones no gubernamentales, ya que la agenda legislativa se dicta desde las altas esferas del poder, donde no encuentran eco las propuestas ciudadanas.
Llama la atención además el hecho de que muchas de estas aprobaciones de Leyes o reformas legislativas, se han llevado a cabo violando el propio Reglamento Interno del Congreso, al no respetarse los tiempos y formalidades para la discusión de los dictámenes o bien para que por lo menos los diputados se enteren de lo que están aprobando.
Tal es el caso de reformas constitucionales tan trascendentales para la vida de nuestro país, como laReforma en materia energética cuya discusión y aprobación se llevó a cabo en menos de dos horas, lo que significa que los diputados no tuvieron el mínimo interés de saber qué estaban votando; pero eso es lo de menos, afirman que si ya se aprobó en el Congreso de la Unión, “nosotros qué podemos hacer, si de todos modos así va a quedar”, hecho que ocurre frecuentemente y que nos demuestra la displicencia con la que desempeñan su trabajo y la forma irresponsable que tienen para asumir su tarea.
Lo más curioso del caso es que cuando surge el descontento social o las manifestaciones en contra de la aplicación de las leyes que ellos aprobaron, lo primero que hacen es deslindarse y después adoptar una actitud en el sentido de que fueron “chamaqueados” o que no supieron exactamente qué votaron y tratan de congraciarse con los ciudadanos, esperando que con ello no se vea afectada su imagen política, cuando ya es imposible solucionar las cosas y lo más cómodo es buscar a los culpables en otra parte, para evitar el repudio social.
Pero lo más extraordinario del caso es que muchos de estos “representantes” que han votado decisiones en contra de los ciudadanos, después los vemos ocupando cargos como presidentes municipales o legisladores federales, lo que los hace pensar que los ciudadanos carecemos de memoria o bien que somos como afirma la canción: llevados por la mala.
Por eso, en este caso, como en muchos otros que abordaremos en este espacio, podemos concluir: no tiene la culpa el indio, sino quien lo hizo diputado.
