No se entiende la postura de la Secretaría de Educación Pública y su nuevo titular Jorge Cruz Bermúdez a la hora de garantizar la calidad educativa en la entidad, si en lugar de castigar a los defraudadores que prestan servicios educativos sin autorización oficial, lanza un programa para  “regularizarlos” al sistema educativo. Peor, el emitir esa convocatoria de regularización, Cruz Bermúdez y la nueva Subsecretaría de Educación Básica han violado flagrantemente la Ley General de Educación que mandata a imponer multa de 5 mil días de salario, clausurar el establecimiento y proceder a las denuncias penales por usurpación de funciones. ¿Dónde quedó el Estado de Derecho?

Imagine que usted tiene un vehículo, lo manda a pintar de negro y le pone señalética amarilla de taxi. Sin tener las placas o el permiso para prestar el servicio, usted se pone a ruletear por toda la ciudad. Todos los días, claro, comete un delito. Un buen día, la autoridad del Transporte lo descubre, pero en lugar de quitarle el vehículo, sancionarlo y acusarlo penalmente, le dan la oportunidad de “normalizarse” en beneficio supuesto de sus pasajeros.

Se trata de un incentivo absurdo a la ilegalidad: prestar un servicio público sin ningún tipo de permiso o reconocimiento de validez, y cuando te descubren, en lugar de recibir una sanción, te incorporan a la formalidad previo pago de los derechos y el cumplimiento de algunos requisitos. Con esos incentivos, todos queremos vivir en la ilegalidad.

¿Qué pensarán los dueños e instituciones educativas que sí tienen los permisos correspondientes desde su origen, que se han preocupado por pagar cuotas, obtener los registros de validez, capacitar a su personal, pagar impuestos, y sobre todo, darle certidumbre a los padres de familia que mes a mes pagan por educación privada de calidad?

¿Por qué beneficiar a los malandrines que han defraudado a cientos de estudiantes con registros falsos de validez, que a menudo se descubren hasta que esas escuelas no pueden otorgar documentos con valor legal?

Lo peor es la ignorancia de Jorge Cruz Bermúdez. Ya se sabía que la educación no era su especialidad —se ignora cuál sea—, pero se pensaba que haber pasado los tres últimos años como el poderosísimo subsecretario de la SEP protegido por Luis Maldonado Venegas, le habría hecho hojear la Ley General de Educación, instrumento normativo que hace las veces de ley reglamentaria del 3° constitucional.

Al emitir la convocatoria de “regularización” para escuelas “piratas” de los niveles de preescolar, primaria y secundaria el pasado 27 de febrero, violó flagrantemente tres artículos de la Ley General de Educación que lo obligan a sancionarlas, además de presentar las denuncias por usurpación de funciones.

El artículo 54 de la Ley General de Educación señala que los particulares podrán ofrecer educación, y tratándose de preescolar, primaria, secundaria y normal deberán obtener previamente la autorización expresa del estado.

El artículo 77 establece que “además de las previstas en el artículo 75, también son infracciones a esta Ley: I.- Ostentarse como plantel incorporado sin estarlo; II.- Incumplir con lo dispuesto en el artículo 59, e II.- Impartir la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, sin contar con la autorización correspondiente.

En los supuestos previstos en este artículo, además de la aplicación de las sanciones señaladas en la fracción I del artículo 76 (multa de 5 mil días de salario mínimo), podrá procederse a la clausura del plantel respectivo”.

Dice en la convocatoria el titular de la SEP que si “normalizan” a estas escuelas ilegales será por única vez, y que lo hacen en beneficio “de los educandos” para que no se interrumpa la “continuidad de sus estudios”. Jorge Cruz Bermúez olvida que si existen esas escuelas “piratas” se debe en parte a los defectos de supervisión de la SEP, así como del inejercicio de sus facultades para sancionarlos y cerrarlos. El daño, en parte, es causado por la propia institución reguladora.

¿Y la forma de remediarlo es premiarlos con el Acuerdo de Validez?

El secretario Cruz Bermúdez tendrá que explicar bien su idea porque algo parecido le pasó al marinismo y terminó en un gran negocio llamado mototaxis: primero surgieron los vehículos en las comodidades, luego se les quiso regular y es el día en que nadie puede con ellos. Que le pregunten a Bernardo Huerta Couttolenc.

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