Es absurdo que apenas se le haya ocurrido al gobierno federal realizar un Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE) para tener un diagnóstico claro de la situación estructural del sistema educativo, especialmente en sus recursos humanos y materiales. Ahora que los resultados ya están a la vista de todos, queda por aclarar lo que algunas organizaciones llaman como “el robo del siglo” al hecho de que cientos o miles de docentes no hayan sido localizados en sus centros de trabajo. En el caso de Puebla, del total de personal que labora en el sistema educativo, 105 mil, aproximadamente un 12 por ciento, equivalente a 12 mil 420 personas no fueron encontradas en sus centros de trabajo. ¿Quiénes son ellos, por qué no se encontraban en el momento del censo, y a cuánto asciende esa fuga de dinero?

Siempre se dijo que la nómina de la SEP era un hoyo negro en el que cabían “aviadores” de todo tipo que en condiciones de opacidad se ocultaron ahí por años o décadas. Lo mismo para pagar favores personales, operadores electorales de diferentes partidos políticos o simples prestanombres de los jerarcas de la SEP estatal. Pensemos que en la SEP, como en toda institución, hay errores administrativos, ya que según los resultados del CEMABE establece que de esos 12 mil 420, casi la mitad, 6 mil 376 fueron localizados en otros centros de trabajo.

¿Pero y qué pasa con las restantes 6 mil 44 personas inlocalizables?

Pues resulta que 4 mil 135 quizá han fallecido, se han jubilado o simplemente renunciado. ¡Pero siguen teniendo plaza y cobrando! Otras mil 4 personas son comisionados sindicales –Moreno Valle cumplió su palabra de reducirlos, aunque el estado les sigue pagando— y otros 905 personas, de plano, nadie los conoce en los centros de trabajo. O sea, vulgares aviadores.

Parece poca cosa: 905 personas absolutamente no localizables, se supone “aviadores”, del gran total de 105 mil que laboran en el sistema educativo poblano apenas representarían el 1 por ciento. No es nada. O quizá sí, si los traducimos a términos económicos. Veamos.

Supongamos que cada uno de esos 905 inlocalizables tiene un sueldo mensual de 10 mil pesos. Entonces hablamos de que el boquete mensual que tiene la SEP, la fuga de dinero, es de alrededor de 9 millones de pesos al mes. Al año tendríamos una cifra escandalosa: 108 millones de pesos. Pero resulta que todos estos angelitos tienen aguinaldo de 90 días, más muchas prerrogativas y prestaciones. En total, el boquete anual en la SEP es superior a los 135 millones de pesos solamente por esas 905 personas.

Si a ese boquete le sumamos los 4 mil 135 que, pese a haber fallecido, jubilado o renunciado, alguien ha seguido cobrando sus plazas, entonces hablaríamos de que al año el boquete financiero en la SEP es de alrededor de 750 millones de pesos.

Para terminar con esa fuga financiera es que la Federación ordenó realizar el censo, una vez que ahora desde la Tesorería de la SEP federal se harán directamente los pagos al personal del sistema educativo. Y claro, esos 4 mil 135 fallecidos, jubilados o renunciados, más los 905 inlocalizables, ya no recibirán más pagos. La reforma educativa sí terminó con el negocio brutal del cobro de plazas y la colocación de “aviadores” de confianza en ese agujero negro que es la nómina de la SEP, que, gracias a Peña Nieto, ya no estará en manos de los gobierno estatales.

Que la Federación ya vaya a controlar la nómina magisterial de los estados y que suspenda los pagos a esos 4 mil 135 jubilados, fallecidos o renunciados, y a los 905 inlocalizables que nadie conoce en los centros de trabajo, no eximen la responsabilidad al titular de la SEP, Jorge Cruz Bermúdez, qué ocurrió con esas plazas, así como fincar las responsabilidades administrativas a los encargados del manejo de los recursos humanos de la secretaría. Eso, o el censo magisterial no habrá servido de nada pese a los esfuerzos de Emilio Chuayffet y el gobierno federal.

**** Absurdo involucrar a Deloya en el caso nauseabundo de lenocinio en el PRI DF.Aprovechando el escandalazo provocado por la investigación de MVS Noticias sobre la red de lenocinio del dirigente tricolor en el DF, Cuauhtémoc Gutiérrez, no falta quien quiera embarrar a Guillermo Deloya Cobián por el hecho de que en la narración del reportaje aparece el “edificio del Icadep” como el lugar donde se entrevistaba a las aspirantes del harén.

Ese edificio data de la época de los 70, pues en 1971 fue inaugurado por Enrique González Pedrero y en su fachada aparece el nombre del Instituto de Capacitación. Desde principios de los 90 fue entregado al PRI del DF según acuerdo de la XIV asamblea y actualmente lo ocupan varias instancias del propio PRI del DF, como son la Red de Jóvenes por México, el Movimiento Territorial, el propio Icadep y Recursos Materiales.

Querer atacar a Deloya con ese argumento lo único que hace es confirmar que forma parte de la terna finalista para convertirse en nuevo dirigente estatal del PRI.