Con la aprobación en lo general del dictamen de la Ley General de Aguas por la Cámara de Diputados y que de acuerdo a diversos especialistas está plagada de disposiciones que contravienen el derecho humano al agua, que se traducen en el aumento irracional de las tarifas de los consumidores y que sin duda alguna lesionará la precaria economía de los grupos más vulnerables de la sociedad, se sella una vez más un capítulo en la historia de México, en los que tanto el gobierno federal con el apoyo de los legisladores priorizan los intereses de las cúpulas empresariales, sobre los derechos e intereses de las grandes mayorías, política característica de un sistema neoliberal que se traduce en el crecimiento de la pobreza a costa del enriquecimiento de una élite de la sociedad conformada por el binomio clase política-empresarial.

De nueva cuenta, nuestros “flamantes diputados” aprobaron el dictamen, sin preocuparse por abrir el espacio a una consulta pública o mesas de análisis que permitan a la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y universidades presentar sus puntos de vista y, sobre todo, evitar que se convierta en una ley violatoria del derecho humano al vital líquido.

Sabemos que los argumentos oficiales se sostienen en incentivar grandes inversiones en obras, saneamiento, utilidad pública, la generación de energía, entre otros elementos, que como ya es costumbre en México, afectarán el territorio de los pueblos y comunidades que por generaciones han cuidado de dichos recursos y los utilizan para sus cultivos; de nada valdrán sus argumentos en defensa de sus recursos, ni serán indemnizados como ha ocurrido con casos como las expropiaciones.

Lo que hoy vive nuestro país es una ola privatizadora en los servicios públicos, que en algunos estados, en el caso del servicio del agua, han hecho un jugoso negocio beneficiando a los grandes consorcios, a pesar de que algunos de ellos han cometido diversos delitos y han incurrido en anomalías afectando a los ciudadanos en algunos lugares; se mueven por el territorio nacional sin ningún problema y ante la posibilidad de incrementar su negocio, lucran en perjuicio de los ciudadanos.

Ante este negro panorama, son muy pocos los medios de defensa que se pueden hacer valer para que se respete este derecho, ya que lo que vienen caracterizando a estos grupos empresariales es el abuso y cerrazón cuando la gente acude a pedir una aclaración o reclamar un cobro indebido o excesivo.

A pesar de que diversas organizaciones de la sociedad civil han exigido que se respete el derecho a la consulta previa, libre e informada, conforme lo establece el Convenio 169 de la OIT suscrito por México, se ve muy difícil que se abra paso a la misma de parte del Congreso de la Unión, ya que en éste como en otros temas, los diputados del PRI con el apoyo de otros partidos han optado por complacer antes al presidente de la República, que a los ciudadanos a los que dicen representar.

La nueva ley determina un CONSUMO MÍNIMO VITAL de 50 litros diarios por persona; sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que se requiere entre 50 y 100 litros de agua por persona y por día para garantizar al ciudadano su derecho al agua.

Son muchos los intereses que se mueven alrededor de esta polémica legislación, por ello ya en este camino no nos extrañaría que de una vez se privatice el aire que respiramos los mexicanos.

Total, si se trata de sacar más dinero a la exigua economía de los ciudadanos y beneficiar a los grandes consorcios, para eso se pintan solas nuestras autoridades.

¿Hasta cuándo será posible frenar todos estos abusos?