Thursday, 12 de December de 2019

Jueves, 26 Noviembre 2015 02:24

La Comisión de Derechos Humanos de Puebla, rebasada por la Sociedad Civil




Written by  Julian Germán Molina

El anuncio dado a conocer el pasado día 23 de noviembre, de la conformación del Centro de Derechos Humanos “José Luis Tehuatlie Tamayo”, nombre que le fue asignado en memoria del menor de trece años que falleció como consecuencia del enfrentamiento entre pobladores de San Bernardino Chalchihuapan con elementos de la Policía Estatal 


El anuncio dado a conocer el pasado día 23 de noviembre, de la conformación del Centro de Derechos Humanos “José Luis Tehuatlie Tamayo”, nombre que le fue asignado en memoria del menor de trece años que falleció como consecuencia del enfrentamiento entre pobladores de San Bernardino Chalchihuapan con elementos de la Policía Estatal y granaderos a principios del mes de julio del año pasado, y que trajo como consecuencia que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitiera una recomendación al Gobierno del Estado por violaciones graves a los derechos humanos de los pobladores que fueron víctimas en el desalojo, nos lleva a reflexionar sobre el deplorable papel que ha venido desempeñando la Comisión de Derechos Humanos de Puebla y su titular Adolfo López Badillo con la complacencia y complicidad de los diputados locales, quienes se han negado a escuchar los reclamos ciudadanos y quejas que organizaciones de la sociedad civil han presentado en su contra por diversos actos, que van desde su negativa a recibir quejas en contra de las autoridades de los niveles estatal y municipal, policías, Procuraduría General de Justicia, agentes ministeriales, directores de los Ceresos, entre otros, y por el entorpecimiento y burocratismo que prevalece en el organismo para integrar las investigaciones y emitir las recomendaciones, lo que ha originado que las víctimas de las violaciones decidan definitivamente no acudir al organismo, sabedores que no cuentan con el respaldo e imparcialidad de la institución; o bien, cuando las han presentado, terminen por abandonar el trámite por las trabas, negligencia y maltrato que reciben del personal del organismo y del  que terminan siendo víctimas.

 

Situación que se puede constatar en forma directa o incluso vía telefónica: la Comisión carece del personal suficiente y capacitado, y sus solicitudes para integrar las investigaciones, en la mayoría de los casos, yacen en los cajones de los funcionarios requeridos de los informes, que saben que al final serán exonerados y el asunto terminará archivándose por una causa o por otra.

 

De ahí que la creación de este Centro de Derechos Humanos surja como una respuesta de la sociedad civil organizada, ante tantos atropellos y la falta de un organismo que carece de fuerza y autoridad para velar por la defensa y protección de los derechos de los poblanos como ha quedado demostrado en su actuación, durante el tiempo que ha ocupado el cargo el actual presidente, que ha optado por cerrarse al diálogo y convertir a la Comisión y a su Consejo Consultivo en una figura decorativa, con los pésimos resultados de todos conocidos.

 

El nuevo Centro José Luis Tehuatlie será presidido por la señora Elia Tamayo Montes, con el apoyo de un grupo de activistas y conocedores de la materia y que seguramente darán mucho de qué hablar en los próximos meses, con los asuntos que ya les han sido planteados, de todos las poblaciones del Estado, aunque su margen de acción estará limitado por el nulo apoyo de la Comisión de Derechos Humanos local y la negativa de intervención de la CNDH.

 

Seguramente después de agotar los trámites ante dichas instancias, terminarán turnando los casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Corte Interamericana en la que el Estado mexicano, y ahora Puebla, se ha convertido en su cliente, por el número de quejas que se han ido acumulando en los últimos años; lo que no ocurría en épocas pasadas, debido a que era casi imposible se llegara hasta estas instancias de carácter internacional.

 

Ante este panorama, bien harían las universidades públicas y privadas en apoyar este tipo de proyectos en la promoción y defensa de los derechos humanos en todos los rincones del Estado, ahora que en 2016 estará funcionando a plenitud el nuevo sistema de Justicia Oral en materia penal.   

 

 

 

Rate this item
(0 votes)
comments powered by Disqus