Tras el gasolinazo, los ayuntamientos de San Pedro Cholula y Zacatlán comenzaron a resentir los embates de los recortes presupuestales y anunciaron un plan de austeridad emergente que consiste en reducirse los salarios, la plantilla laboral, el padrón de proveedores y hasta los eventos culturales.

El alcalde de Zacatlán, Marcos Flores Morales anunció como primera medida la reducción del 20 por ciento de los salarios de la burocracia, incluyendo el suyo y el de sus regidores, así como la reducción del 20 por ciento de toda la plantilla laboral, excepto Seguridad  Pública.

El edil panista advirtió que la situación que viene no la habían vivido durante los tres años de gobierno, por lo que aplicarán medidas urgentes, acordes con la economía del municipio.

En el portal del ayuntamiento en el área de transparencia no hay información sobre los salarios que perciben los regidores, el edil, funcionarios ni trabajadores de este ayuntamiento, por lo que no se sabe a cuánto ascenderá el ahorro por esta disminución de sueldos.

Cabe destacar que a través de las redes sociales la ciudadanía ha realizado diversas publicaciones en las que manifiestan dudas de que se lleve a cabo y otros más que lamentan que esto no se hiciera antes o que aseguren que esta medida se tomó para reponer dinero robado.

En San Pedro Cholula, el alcalde José Juan Espinosa Torres advirtió que el impacto que tendrá a las finanzas públicas, el aumento a las gasolinas, será gravísimo y ante este panorama también preparan un plan de austeridad que se reflejará en recortes en el padrón de proveedores, la reducción de temporadas culturales, la reubicación de personal y no se permitirán los incrementos salariales mayores al cinco por ciento, así como se recortará al 50 por ciento los convenios de publicidad con medios de comunicación, con lo que se ahorrarán 1.5 millones de pesos.

Por otro lado, adelantó que se mantendrá intacta la plantilla laboral de burócratas municipales que genera 970 empleos directos y 70 de manera indirecta, además no se sacrificarán los programas sociales que combaten directamente la pobreza, por lo que se analizará el padrón de proveedores y se considerará sólo a quienes sean originarios del municipio.

Evidenció que en tiempos de crisis un grupo de regidores, de quienes se omitió los nombres, pretendía aumentarse su salario en un 15 por ciento, por lo que este incremento no será superior al cinco por ciento.