Uber no termina de alinearse a las nuevas reglas en Puebla, pues presentó un amparo ante un juzgado federal contra la suspensión de pago en efectivo, para no asumir responsabilidad civil o penal en caso de alguna irregularidad con sus socios-conductores; para no aplicar un examen socioeconómico a aspirantes a choferes y por considerar que quedó ambiguo el punto en el que gobierno quiera acceder a información de su plataforma sin una orden judicial.

El recurso legal se presentó el viernes, a la par que la compañía cedió en suspender el cobro en efectivo por órdenes de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes (SIMT), informó Carlos Olivos, vocero de la compañía de taxis ejecutivos.

En una reunión con tres representantes de medios de comunicación, incluido CAMBIO, explicó que esto se debe a que se está discriminando a las personas que solo cuentan con esta opción para trasladarse en la zona metropolitana de Puebla en donde ya se presta el servicio, aunado a que representa pérdidas en ingresos para los socio-conductores.

En el caso de la responsabilidad legal de la empresa, dejó en claro que solo presta la plataforma razón por la que la compañía no tendría por qué asumir una responsabilidad.

De la prueba socioeconómica a quienes se quieran sumar a la plataforma, consideró que también es discriminatorio pues no se puede considerar como delincuente a una persona con bajos recursos.

El tercer punto por el que se inconformaron es por considerar que quedó ambiguo en la ley el punto de que se acceda en tiempo real a información de su plataforma.

Este amparo se da a poco más de un mes que entró en vigor la nueva legislación que fue aprobada con 32 votos a favor, 2 en contra y una abstención, y que se dio por día casos de feminicidios: el de Mara Castilla quién supuestamente fue asesinada por un chofer de Cabify y en el de Mariana, caso en el que presuntamente estuvo involucrado un conductor de Uber.