La presencia de Uber en Puebla ha resultado un jugoso negocio pues en los últimos siete meses (febrero-septiembre) la plataforma ha pagado 10 millones 660 mil pesos en concepto del impuesto del 1.5 por ciento establecido en la Ley de Ingresos, lo que significa que en el mismo periodo facturó alrededor de 700 millones de pesos.

De acuerdo con datos oficiales, la plataforma reportó en el mismo periodo la realización de 14 millones de viajes, es decir, el cobro promedio por servicio es de cincuenta pesos.

Sin embargo, la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes (SIMT) no tiene facultades legales para auditar a la plataforma ya que ésta entrega un informe mensual sin que la dependencia pueda comprobar si es un dato fidedigno.

Actualmente, el padrón de autos registrados ante la SIMT es de 10 mil 789 unidades, aunque sólo están reportados 9 mil 50 conductores. Se desconoce si los socios obtuvieron una cédula de identificación para la operación de los otros mil 739 coches de servicio ejecutivo.

Aunque Uber empezó a operar en la entidad desde diciembre del 2015 un año lo hizo en la ilegalidad pues no pagó algún tipo de gravamen de manera inmediata, un hecho que generó múltiples inconformidades entre gremios de taxistas tradicionales.

CAMBIO dio a conocer en su edición de este martes que a diferencia del sistema mercantil en el que los taxistas deben de presentar cada año un examen toxicológico y psicométrico ante la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes, los choferes de Uber ingresan a laborar con aplicar solo un examen psicométrico y toxicológico, cuyos resultados únicamente los conoce la empresa encargada, BlackTrust.

Tan sólo en siete meses, Uber se embolsó más de 700 millones

De acuerdo con el desglose de los ingresos por el pago de impuestos de Uber, fue en el primer mes del gobierno de Antonio Gali Fayad –en febrero– cuando más recursos ingresaron a las cuentas que administra la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), un total de 3 millones 411 mil 245 pesos.

Mientras que en marzo fue el mes más bajo en el que se cubrieron 700 mil 762 pesos. En abril, la cantidad que se depositó fue por 872 mil 658 pesos; 948 mil 783 pesos en mayo; un millón 145 mil 133 pesos en junio; un millón 150 mil 036 pesos en julio; un millón 128 mil 439 pesos en agosto y para septiembre la cantidad fue similar, un millón 303 mil pesos 130 pesos.

Tomando en cuenta el total de los viajes realizados, 14 millones de febrero a septiembre, nada más en este periodo la empresa de taxis ejecutivos sumó ingresos por 700 millones de pesos. Eso si se considera que por servicio cobró un promedio de 50 pesos.

Se triplica número de taxis aunque carecen de choferes

De acuerdo al padrón que tiene registrado la SITM, al término de la administración de Rafael Moreno Valle (en enero) habían sido dadas de alta un total de 2 mil 943 unidades, pero para septiembre el número pasó a 10 mil 789 autos, un 266.6 por ciento más, lo que evidencia que tan sólo en ocho meses, casi se triplicó.

Sin embargo, los detalles a los que tuvo acceso esta casa editorial dan cuenta que hay menos choferes que unidades pues están registrados 9 mil 50 en calidad de conductores.

En el listado se evidencia que en septiembre sumaron 11 mil 736 autos, pero el total que fue considerado es de 10 mil 789 unidades, el resto fueron dados de baja o ya no empezaron a operar los socios como se pretendió en un inicio.

Plataformas en riesgo

Actualmente Uber y las otras compañías que operan a través de un APP como Kerala México Tehuacán, ICES y Súper RT Kanguro están en la mira del gobierno local, luego de dos casos de feminicidios en los que se vieron involucrados dos choferes.

El primero fue el de Mara Castilla supuestamente violada y asesinada por Ricardo Alexis, quien trabajaba en Cabify. A raíz de este hecho, el 20 de septiembre se suspendió el registro de la empresa en la entidad por lo que inició un pleito legal.

En el caso del conductor de Uber que estuvo involucrado en el feminicidio de la estudiante de la BUAP, Mariana Fuentes, no provocó que se llegara a la cancelación del permiso a la empresa, pero dio pie a acelerar una nueva reglamentación en la que sea el Estado el que tenga el control con el fin de garantizar mayor seguridad a los usuarios.