Una vez aprobadas las reformas a la Ley del Transporte los conductores de Uber y Cabify serán blanco de los operativos de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes (SIMT) para verificar que tengan ‘sus papeles en orden’, entreguen mensualmente toda la información sobre choferes, socios ingresos y viajes, además de que les podrán revocar a las Empresas de Redes de Transporte el permiso para circular por incumplir la ley; y se prohibirá realizar cobros en efectivo, de acuerdo con los nuevos lineamientos para regular el Servicio Ejecutivo a propuesta del gobernador Antonio Gali Fayad.
Además, tal y como lo dio a conocer CAMBIO en su edición del pasado 18 de octubre, los conductores de las empresas de redes de transporte tendrán que presentar su carta de antecedentes no penales cada seis meses, a partir de ahora contar con licencia de conducir mercantil y también serán sometidos a pruebas de control y confianza que consistirán valoración toxicológica, pruebas psicológicas y psicométricas e investigación socioeconómica; así como presentar una constancia de capacitación en perspectiva de género y trato a personas mayores y niños.
Este miércoles ingresó la iniciativa en la que el mandatario estatal plantea las reformas a los artículos 2, 4 10, 12 Bis, 36 Bis, 45 Ter, 55 Ter, 85, 85 Bis y 92 Quater de la Ley de Transporte del Estado de Puebla, misma que fue turnada a la Comisión de Movilidad y Transporte y se prevé que sea discutida este viernes para que pase a consideración del Pleno en la sesión del próximo 31 de octubre.
Una vez aprobada esta iniciativa por los diputados locales, los conductores de Uber y Cabify tendrán que portar una Cédula de Identificación de Servicio Ejecutivo pues les será solicitada durante los operativos de las autoridades las cuales estarán facultadas para hacer revisiones de documentos, en caso de incumplir éstas también podrán infraccionarlos.
Aunque en los términos y condiciones Uber y Cabify obligan a los usuarios a aceptar que se deslindan de cualquier responsabilidad al instalar las aplicaciones, como parte de las medidas propuestas por el Ejecutivo Estatal se estipula que estas plataformas no podrán deslindar su responsabilidad civil, penal o administrativa cuando sus agremiados incurran en alguna irregularidad
“No producirá ningún efecto la declaración hecha por el concesionario, permisionario o por las Empresas de Redes de Transportes y demás sujetos regulados en esta Ley, en las condiciones de uso del servicio respectivo o acto análogo que limite su responsabilidad civil, penal o administrativa, con motivo de la realización de las actividades reguladas en esta Ley”, precisa la reforma al artículo 2 de la ley antes referida.
Tendrán prohibido cobro en efectivo
Finalmente se terminará la polémica entre los taxistas que alegaban una competencia desleal por parte de Uber al permitir cobros en efectivo, pues la iniciativa de Antonio Gali precisa que las empresas de Redes de Transporte no podrán cobrar en efectivo, ya que todas sus operaciones tendrán que ser a través de medios electrónicos.
“El pago por la prestación de este servicio se realizará únicamente de forma electrónica”, especifica el segundo párrafo del artículo 12 Bis.
Esta casa editorial dio a conocer que con la puesta en marcha del cobro en efectivo por parte de esta plataforma, este servicio se convirtió en un negocio millonario ya que de febrero a septiembre facturó 700 millones de pesos, pagando únicamente de impuestos 10 millones 660 mil pesos por concepto del 1.5 por ciento establecido en la Ley de Ingresos.
Reportes en tiempo real
Aunque en las aplicaciones se permite a los usuarios compartir los viajes a través de redes sociales, con las reformas propuestas por Gali Fayad las empresas estarán obligadas a habilitar esta función; asimismo Uber y Cabify deberán ser vigilantes de que sus conductores concluyan el viaje una vez llegando al destino del usuario y en caso de que no ocurra, deben reportarlo de manera inmediata a las autoridades. Esto para evitar casos como el del chofer de Cabify que previo a ultimar a Mara Fernanda Castilla Miranda permaneció más de 45 minutos antes de concluir el trayecto.
El incumplimiento de cualquiera de estos puntos o la violación la normatividad que entrará en vigor una vez que se publiquen las modificaciones a la Ley de Transporte del Estado en el Periódico Oficial del Estado, podría traer en consecuencia la cancelación del permiso para operar a estas empresas.
Además que, de acuerdo a la exposición de motivos y a las reformas a la Ley por ‘interés público’ también se puede retirar dicho permiso para prestar el servicio.
“Que por tanto al ser el Estado el titular originario y rector de los servicios públicos, y que los derechos que los particulares adquieren en relación con tal servicio están limitados por el interés público, entonces, se justifica que por cuestiones de seguridad pública, el Estado regule los derechos que otorga a los particulares considerando razones colectivas, dejando en segundo plano el interés particular” señala el documento.