El Congreso del Estado meterá en cintura y terminará con los chantajes e intimidaciones de Uber, pues este día será aprobada la reforma a la Ley del Transporte que prohíbe de manera expresa el cobro en efectivo para las redes de transporte, así como mecanismos más estrictos para la contratación de choferes.

A lo largo del fin de semana la empresa de origen estadounidense se tiró al piso para criticar dicha iniciativa al catalogarla como una ‘Ley Anti-Uber’, además de presionar a los choferes para que en redes sociales criticaran al gobernador por la iniciativa que los regula.

Ante esto, los diputados miembros de la comisión de Transporte y Movilidad a cargo del perredista Julián Rendón Tapia dictaminaron modificar la propuesta del Ejecutivo del Estado y permitir que el acceso a la información de los viajes de las Empresas de Redes de Transporte como Uber y Cabify, sólo se realice a solicitud de la autoridad competente.

Por lo tanto, los miembros de esta comisión en presencia del subsecretario de Movilidad y Transportes, Alberto Vivas Arroyo y del subdirector jurídico de la Secretaría General de Gobierno (SGG) determinaron aprobar por mayoría la reforma a la Ley de Transporte del Estado y únicamente eliminar dos puntos establecidos en la enviada por el gobernador.

El primero de ellos es que una vez aprobada dicha iniciativa, los usuarios ya no podrán evaluar el servicio brindado por los choferes, ni viceversa.

Mientras que la segunda modificación consistirá en que será la ‘autoridad competente’ quien solicite ante alguna queja o denuncia en contra de las empresas la información de algún viaje en específico, y ya no la Secretaría de Movilidad y Transportes la que esté al tanto de los trayectos de las Empresas de Redes de Transporte en todo momento, como lo planteó el gobernador Gali Fayad en la fracción sexta del artículo 92 Quater.

Este punto fue impugnado mediáticamente por Uber durante el fin de semana, asegurando que dicha reforma a la ley atentaría contra la privacidad de los usuarios, pues tendría que compartir los puntos de inicio y final de los viajes a las autoridades estatales sin excepción alguna.

“Modificaciones no son por presiones de Uber”

Durante la discusión dentro de la Comisión de Transporte, los integrantes de este órgano aseguraron que tal modificación se debe a que al incluir que sea ‘la autoridad competente’ la que solicite la información de los viajes de la Empresas de Redes de Transporte, responde a que en caso de alguna queja o incidente será la autoridad responsable del caso la encargada de acceder a esta información.

Por su parte previo a la sesión de la comisión el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local Jorge Aguilar Chedraui rechazó que esta modificación se deba a las presiones que realizó a través de redes sociales y desde su plataforma la empresa Uber, pues puntualizó que será en casos en los que una autoridad requiera esa información, las Empresas de Redes de Transporte quienes tendrán que responder a dicha solicitud.

“Lo que se determinará es poner una modificación al texto original en donde se aclare que cuando haya una determinación por la autoridad competente o de la autoridad judicial, el gobierno o la instancia correspondiente en este caso la Fiscalía, podrá solicitar a la red de transporte, cualquiera que ésta sea, conocer el origen, el destino, la duración y cualquier otro dato para desahogar una investigación o algún tipo de revisión", dijo Jorge Aguilar.