Poco sirvió la inversión de 12 millones de pesos que realizó la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (Setec) en la capacitación de agentes del Ministerio Público entre 2013 a 2016 en Puebla, pues estos empleados de la Fiscalía General del Estado (FGE) han cometido error tras error que ha derivado en que jueces liberen a los presuntos delincuentes o que les reclasifiquen el delito lo cual implica en que la pena se disminuya.

El último caso en el que se exhibió la incapacidad de los Ministerios Públicos fue en el de Nahur Hernández Santaella, pues no pudieron probar que sustrajo de la Bodega de Indicios de la Fiscalía 4.8 millones de pesos como se le acusó en un inicio, sino únicamente dos, por lo que fue vinculado a proceso.

En un recuento realizado por CAMBIO sale a relucir que incluso en algunas ocasiones el Juez de Control ha ‘regañado’ a los funcionarios públicos por su falta de preparación desde la integración de las carpetas de investigación, la exposición de la formulación de imputación o la misma clasificación del delito, hechos que han sido recurrentes a más de un año que opera el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Dejan libres a policías huachicoleros

Entre los primeros casos en los que los Ministerios públicos quedaron exhibidos está el del  8 de septiembre del 2016 cuando un Juez de Control ordenó la liberación bajo reservas de ocho policías de Amozoc quienes habían sido detenidos por presuntamente haber privado de la libertad y agredir a elementos estatales en complicidad con ladrones de gasolina en Chachapa.

Esto se debió a que la formulación de la acusación hecha por el agente del MP tuvo inconsistencias, además de la contradicción en las declaraciones, poniendo en duda la veracidad de la mecánica de los hechos la madrugada del primero de septiembre de ese año.

Por irregularidades liberan a detenido por intento de homicidio

Israel Pérez Mazapila recibió un impacto de bala por parte de Alberto S, un vecino de la  junta auxiliar de La Resurrección, pero el juez consideró que no había elementos suficientes para presumir que había ocurrido la agresión como la narró la víctima, debido a los datos de prueba exhibidos por el agente del MP por lo que calificó de ilegal la detención y puso en libertad al agresor el 11 de noviembre del año pasado, a pesar de que disparó en tres ocasiones contra la víctima.

Fiscal de Investigación Regional, testigo de los yerros del MP

El Juez de Control exhibió las deficiencias del Ministerio Público frente al Fiscal de Investigación Regional, Jaime Huerta Ramos, al dictar auto de libertad a Miguel Ángel L, integrante de la banda de ‘Los Cuijes’ por el delito de intento de homicidio, quienes además están involucrados con el homicidio de nueve personas el 2 de julio en Huehuetlán El Grande.

El agente del MP no acreditó que el detenido estuviera presente en el lugar de los hechos y al no darse a entender ante el Juez, el impartidor de justicia ordenó la inmediata libertad del inculpado, lo que ocasionó que Huerta Ramos saliera de la sala inmediatamente después que conocer el fallo.

Anteriormente, otro integrante de esta banda delictiva, Luis Ángel N fue puesto en libertad debido a que su detención fue calificada como ilegal al haberse excedido el plazo para imputarle cargos.

Caso del feminicidio de Mara no está exento de errores

Después de que la Fiscalía General del estado tardara más de un mes en imputarle el cargo de feminicidio a Ricardo Alexis N, conductor de Cabify, presunto asesino de Mara Fernanda Castilla que el 8 de septiembre fue reportada como desaparecida, la FGE cometió dos yerros que al final no incidieron en la determinación del Juez de Control para vincularlo a proceso.

El primero fue la reprogramación de una audiencia, pues se solicitó el traslado del imputado al Cereso de San Miguel cuando éste permanecía recluido en Tepexi de Rodríguez; el segundo ocurrió cuando el juez de Control calificó de ilegal el traslado de Ricardo Alexis a dicho penal, ya que señaló que las deficiencias administrativas del Cereso de San Miguel impedían la reclusión del imputado, tras haber recibido una serie de amenazas que no fueron sustentadas.

FGE siembra pruebas en contra de conductor de Uber

En el caso del asesinato de Mariana Fuentes Soto, se evidenció durante la audiencia de vinculación a proceso que la FGE sembró una credencial de la víctima en el domicilio del conductor de Uber, José de Jesús N, pues al dar lectura íntegra de la carpeta de investigación la madre de la víctima entregó dicha credencial un día después del asesinato.

Ante esta situación, el Juez de Control no consideró este dato de prueba y señaló al agente del MP de tratar de sorprenderlo, reprendiéndolo y recomendándole que no lo volviera a hacer o solicitaría su cambio.

Además en el mismo caso, el Juez de Control reclasificó el delito de feminicidio y vinculó a proceso a José de Jesús N por el de homicidio calificado, ya que no encontró válida la exposición ministerial para catalogarlo de ese modo.

No saben el significado de una ‘audiencia privada’

Durante la audiencia inicial en el caso de Mariely por el asesinato de Vince el primero de octubre tras asestarle 52 puñaladas, por ser hija de un actor, la defensa solicitó al Juez de Control que la audiencia se llevara a cabo de forma ‘privada’ con la finalidad de que no asistieran medios de comunicación ni público en general a la sala al momento de desahogar los datos de prueba.

El juez preguntó al MP si tenía alguna objeción con la solicitud de la defensa, a lo que contestó que no, lo cual evidenció a ambas partes sobre su nulo conocimiento en el sistema acusatorio pues el juez señaló que la petición estaba mal fundamentada ya que el término para solicitar una audiencia sin público es el de ‘a puerta cerrada’, por lo que negó dicho acto y se dio a conocer todo el caso que incluía la adicción a la cocaína de Mariely, la portación del virus de VIH de Vince y el posible contagio a la agresora.

La última pifia reduce pena a ex funcionario ladrón

No obstante con que la FGE se vio ridiculizada al contratar a un cerrajero para abrir la Bodega de Indicios y realizar una auditoría de todo lo robado por el ex jefe de dicho departamento, Nahur Hernández Santaella, el Juez de Control sólo determinó la vinculación a proceso por 2.1 millones de pesos, y no los 4.2 millones que se habían comunicado.

Todas estas deficiencias se han visto evidenciadas a pesar de la inversión de 12 millones 403 mil 280 mil pesos por parte del Setec, quienes han impartido cursos en diferentes ámbitos como: litigación estratégica en juicio oral, incorporación de evidencia y trámite de recursos, capacitación para la aplicación de la nueva metodología para el registro y clasificación de los delitos, audiencia inicial, formulación de la imputación, vinculación a proceso y control de detención y demás talleres.