Las reformas a la Ley de Transporte del Estado entraron en vigor ayer y fueron publicadas una semana después de que se votaran en el Pleno del Poder Legislativo, poniendo en evidencia que los legisladores locales cedieron a las presiones de Uber al excluir los tres temas en los que la empresa metió presión: trabajar con licencia particular, impedir que el Estado tenga acceso a la información en tiempo real de los viajes y dejando de forma ambigua la prohibición del cobro en efectivo.

La propuesta original que ingresó el pasado 25 de octubre al Congreso del Estado y que fue aprobada seis días más tarde con las modificaciones hechas por los legisladores de última hora, sólo exige que los conductores de las empresas de redes de transporte o servicio ejecutivo presenten de forma semestral la carta de antecedentes no penales y que dentro de la aplicación exista un botón de alerta para notificar a la empresa y a un familiar del usuario o conductor alguna situación de riesgo.

Contrario a lo establecido en el documento entregado por el Ejecutivo del Estado en el que establecía en el artículo 12 Bis de manera expresa la prohibición al pago por medio de efectivo, la norma vigente publicada el pasado lunes en el Periódico Oficial del Estado señala que el servicio ejecutivo cobrará por medios electrónicos. justo como se encontraba en la Ley previo a las reformas.

Además, los diputados cedieron ante la amenaza de Uber de retirarse de Puebla si se aprobaba la reforma para obligar a las empresas a compartir en tiempo real toda la información de los viajes, y sólo tendrán que hacerlo a petición de la autoridad que la requiera.

Asimismo, los conductores de aplicaciones como Uber o Cabify podrán seguir operando en Puebla con la licencia de automovilista, pues dentro de los cambios que se hicieron apenas un par horas antes los legisladores dejaron fuera la propuesta de reforma al artículo 45 Ter, para que los choferes contaran con la licencia mercantil.

El botón de alerta, entre las nuevas obligaciones

A pesar de los cambios realizados por los diputados locales gracias a las presiones de Uber, el resto de la reforma a la Ley de Transporte del Estado no tuvo mayores modificaciones, con lo que los conductores del servicio ejecutivo a partir de ahora deberán estar acreditados en materia de igualdad de género.

Además, dentro del apartado C de la fracción décima del artículo 92 Quater se incorporó la figura del botón de alerta en caso de emergencia, el cual deberá estar en la aplicación tanto para los usuarios, como para los conductores y deberá mandar la señal de auxilio a la empresa y a un contacto de la persona que lo active.

“Sin perjuicio de lo anterior, las Empresas de Redes de Transporte deberán asegurarse que se habiliten mecanismos tanto de alertamiento en caso de amenaza o riesgo para el usuario y/o el conductor, el cual avise de manera inmediata a la empresa y a un contacto previamente establecido”, señala la nueva reglamentación vigente.

Estas modificaciones a la Ley de Transporte para regular a las empresas de redes de transporte tras el asesinato de Mara Castilla por un conductor de Cabify que la trasladaba a su casa y de Mariana Fuentes, en el que estuvo involucrado un chofer de Uber.