Luego de que el primer Tribunal Unitario en Puebla le negara un amparo al sargento José – quien presuntamente asesinó a un civil en un enfrentamiento contra huachicoleros el 3 de mayo del 2017 en Palmarito Tochapan–, su equipo de abogados recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para apelar la decisión.
En entrevista con CAMBIO, el abogado Alejandro Robledo consideró injusto que este ex funcionario público enfrente el proceso desde la cárcel cuando el magistrado Carlos Loranca –quien dictó la resolución del amparo– está libre a pesar de que se han difundido fotografías de sus reuniones con empresarios supuestamente ligados a ladrones de gasolina como Othón Muñoz alias ‘El Cachetes’.
Actualmente el sargento José se encuentra recluido en una prisión militar, luego de que fuera vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado en contra de Raúl Jiménez, quien de acuerdo con la necropsia falleció a causa de una “lesión causada por proyectil único disparado por arma de fuego” en la mencionada fecha cuando el saldo fue de 10 muertos.
Defensa acudirá a la SCJN para apelar resolución
Robledo Carretero acusó que a diferencia de la anterior resolución, en la que el Tribunal tardó sólo tres días en emitir un resolutivo, en esta ocasión el magistrado unitario Carlos Loranca tuvo al menos cuatro meses el expediente archivado en su escritorio, pues este amparo fue presentado en julio del año pasado.
“Nosotros no confiamos en que si el magistrado que tenía encargado en el Tribunal Unitario donde se encontraba nuestro amparo es socio de uno de los lideres huachicoleros, yo no sé cuántos más de la Justicia Federal estén relacionados con el crimen organizado”, dijo el abogado en entrevista para esta casa editorial.
Esto después de que se dieran a conocer los supuestos nexos del magistrado con Othón Muñoz, alias ‘El Cachetes’, quien enfrenta en libertad un proceso por posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y de estupefacientes.
Alejandro Robledo aclaró que este proceso se lleva en paralelo al penal por homicidio, el cual se encuentra cerca de culminar el periodo de investigación en el que ambas partes debieron aportar las pruebas suficientes para demostrar la inocencia o culpabilidad del indiciado.