José María N imputado originalmente por el homicidio y aborto de Paulina Camargo al ser señalado como su pareja sentimental, se encuentra a punto de cumplir 10 años encarcelado injustamente, una década de ser el “presunto inocente” poblano.
Su defensa al menos ya ha identificado tres ilegalidades en el último proceso que se le imputó en febrero de 2018 por el delito de ‘desaparición cometida por particulares’, mismo por el cuál no ha podido alcanzar su libertad, cuando se trató de un ‘chaleco’ fabricado por la Fiscalía.
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La primera ilegalidad es la acusación por ‘desaparición cometida por particulares’ contra José María, pues los hechos delictivos en los que se le señalan ocurrieron el 25 de agosto de 2015 y el delito entró en vigor con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas el 11 de noviembre de 2017.
La segunda ilegalidad señalada ante tribunales federales es que su caso fue trasladado y procesado con el nuevo sistema de justicia penal, pero este entró en vigor en el estado de Puebla hasta el 16 de mayo de 2016, es decir nueve meses después de que cometió el supuesto delito.
La tercera ilegalidad encontrada es el doble juzgamiento contra el joven veracruzano, porque la sentencia que lo declaró inocente de homicidio y aborto ya quedó firme desde abril de 2024 gracias a un amparo federal y con el proceso ilegal por desaparición se busca juzgarlo por los mismos hechos o delitos por los que ya fue exonerado.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 14, establece de manera clara el principio de irretroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna. Este principio es fundamental en el derecho penal y en el Estado de derecho en México.
A pesar de esta ilegalidad evidente, y de que no existen pruebas contundentes en su contra, ni por el delito original ni por la nueva imputación, José María sigue sin recuperar su libertad.
Este domingo 18 de mayo estaba programada una audiencia clave para resolver la solicitud de sobreseimiento de la causa penal 80/2021/JO/Centro, en la sala 16 de juicios orales del Centro de Justicia Penal en Puebla. Pero fue diferida para el próximo 20 de mayo bajo el argumento del cambio del MP, prolongando la espera de un joven que ha visto su vida consumirse casi una década tras los muros del penal de San Miguel.
Proceso plegado de ilegalidades
José María fue arrestado en 2015, acusado del feminicidio de Paulina Camargo, desaparecida el 25 de agosto de ese año. Desde el inicio, el caso estuvo lleno de fallas graves: una confesión bajo tortura, declaraciones inconsistentes y testimonios contradictorios, como el del taxista que supuestamente los transportó y que en careo se derrumbó.
En 2019, se le dictó una sentencia de 16 años por homicidio y aborto. Pero en abril de 2024, un juez federal declaró esa condena “sin fundamento e inoperante”, al confirmar que todo el proceso estuvo viciado desde su origen.
La defensa de José María ha calificado este último proceso como una flagrante violación a sus derechos humanos, una persecución que responde más a una voluntad política que a un verdadero ejercicio de justicia.
Mientras tanto, José María Sosa sigue esperando, atrapado en un proceso que debió cerrarse hace años.
Mamá de Paulina confiesa que cree que su hija sigue viva y la busca
El pasado 14 de mayo, casi una década después, el caso de Paulina Camargo dio un vuelco luego de que por primera vez Rocío Limón madre de la chica, reconoció que su hija está ‘desaparecida’ y no fue asesinada por José Marín N a quien una y otra vez durante diez años acusó de feminicida e impulsó que permaneciera en la cárcel desde 2015.
Pese al fallo de los tribunales federales y locales, Rocío Limón se mantuvo en la acusación de feminicida en contra de José María N, sin embargo, la mamá de Paulina Camargo apareció en la reunión que sostuvieron los Colectivos en Búsqueda de Personas desaparecidas con el gobernador Alejandro Armenta y por primera vez en una década, se asumió como una madre buscadora.
José María pudo salir en 2024 de prisión
En abril de 2024, José María N fue declarado inocente del homicidio de Paulina Camargo y del aborto de su bebé. La sentencia de 16 años de prisión que se había dictado en su contra quedó “sin fundamento e inoperante” tras fallos reiterados de la justicia federal.
El joven, sin embargo, no alcanzó su libertad todavía por la imputación ilegal de la FGE del delito de desaparición de persona al derrumbarse su caso en 2018.
Entre los argumentos que tomó en cuenta la justicia federal fueron que la confesión del homicidio, según la cual la habría estrangulado en su departamento en el Infonavit La Margarita y luego tirado a un contenedor de basura, fue obtenida bajo tortura.
También que en un careo, el taxista que siempre afirmó haberlos trasladado a ambos desde la clínica en Plaza Solé a La Margarita cayó en múltiples contradicciones. Sin otras pruebas contundentes, el caso armado por la Fiscalía se derrumbó.
La determinación anterior se tomó durante una audiencia tras la resolución del amparo directo con número 63/2023 que ganó en su momento la defensa legal del joven veracruzano.
