La ambición por promover su imagen de cara a la elección a gobernador, llevó al ex edil poblano Eduardo Rivera Pérez a incurrir en un presunto daño patrimonial por 101 millones de pesos desde la Coordinación de Comunicación Social a cargo entonces de Fernando Cortés Betanzos, a través de 67 contratos para la difusión de todas las actividades del Ayuntamiento y la operación del ChatBot Ángela.
Dentro del informe individual realizado por la Auditoría Superior del Estado (ASE) a la Cuenta Pública 2023 del Ayuntamiento de Puebla a cargo de Eduardo Rivera Pérez, se realizó una observación por 132 millones 650 mil 160 pesos por irregularidades detectadas en la celebración de 69 contratos de servicios de comunicación y difusión de las actividades del gobierno del panista.
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Entre las irregularidades detectadas por la ASE se encuentra la falta de documentación comprobatoria de los procedimientos de adjudicación, contratos y convenios modificatorios con fechas distintas a sus celebraciones, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet con errores, entre otros.
De estos 69 contratos observados por la ASE al Ayuntamiento de Eduardo Rivera, la administración del edil yunquista únicamente pudo comprobar dos de estos.
Ante esto, la ASE determinó que el ex presidente municipal de la capital, Eduardo Rivera Pérez incurrió en un presunto daño patrimonial por un total de 101 millones 739 mil 240 pesos a través de estos 67 contratos realizados desde la coordinación de Comunicación Social a cargo en ese momento por Fernando Cortés Betanzos, quien renunció al Ayuntamiento capitalino tras ser denunciado por acoso y abuso sexual.
Entre los contratos en los que la ASE detectó irregularidades, fue en el celebrado por Rivera Pérez y Cortés Betanzos para la adquisición del Chat Bot Ángela, por el que el Ayuntamiento de Puebla pagó 13.6 millones de pesos entre 2022 y 2024 y únicamente funcionó durante un año y tres meses.
Así como diversos contratos para la difusión de las actividades de Eduardo Rivera Pérez como edil del capital previo a la contienda de 2024 a la gubernatura de Puebla, la cual perdería de forma avasalladora ante Alejandro Armenta Mier, convirtiéndose en el peor candidato del PAN al gobierno del Estado.
Contratación de ChatBot Ángela ya suma observaciones por más de 6 millones
Entre los contratos que forman parte de este presunto daño patrimonial de 101 millones de pesos en la Cuenta Pública 2023 de Rivera Pérez se encuentra el CAD-CGCS-110/2022 celebrado en la administración del edil yunquista y su subordinado Fernando Cortés con la empresa Tecnopolítica Servicios Digitales y Consultoría S.A. de C.V. para la contratación del ChatBot Ángela.
En total, el Ayuntamiento de Puebla pagó 13.6 millones de pesos a dicha empresa por tan solo 14 meses de operación de este ChatBot.
De acuerdo con el informe individual de la ASE de la Cuenta Pública 2023 del Ayuntamiento de Puebla a cargo de Eduardo Rivera el contrato CAD-CGCS-110/2022 generó un presunto daño patrimonial de un millón 263 mil 240 pesos a la hacienda municipal.
Lo anterior debido a que el gobierno de Eduardo Rivera no proporcionó los comprobantes de pago, así como el tablero de control de indicadores de seguimiento semanal y mensual, además de la bitácora de actualizaciones. Aunado a ello dentro del contrato celebrado entre el Ayuntamiento de Puebla y Tecnopolítica Servicios Digitales y Consultoría S.A. de C.V. no se estableció la descripción pormenorizada de los servicios.
Estas observaciones hechas por la Auditoría Superior del Estado en la Cuenta Pública 2023 en la contratación del ChatBot Ángela, se suman a las realizadas en la cuenta pública de 2022 por la Auditoría Superior de la Federación por un total de 4 millones 780 mil 692 pesos.
Con esto, la contratación de Ángela ha dejado al descubierto presuntas irregularidades por más de 6 millones 43 mil 932 pesos por parte del gobierno de Eduardo Rivera Pérez en la capital poblana.
Contratos de Lalo Rivera y Fer Cortés sin testigos que prueben los servicios
Una observación constante de la ASE a la mayoría de los 67 contratos hechos desde la Coordinación de Comunicación Social a cargo de Fernando Cortés y que suman el presunto daño patrimonial por 101 millones 739 mil 240 pesos dentro de la Cuenta Pública 2023 de Eduardo Rivera fue la falta de la descripción pormenorizada de los servicios y el precio unitario de los mismos por lo que no se pudo acreditar el cumplimiento con lo señalado en el contrato, además del incumplimiento con los reportes, bitácoras y capturas de pantalla que comprobaran el servicio.
Entre los contratos en los que la ASE no encontró el detalle pormenorizado de los servicios, ni la información comprobatoria se encuentran el CAD-CGCS-009/2023 y el CAD-CGCS-145/2022 con las empresas Opina Consultoría Estratégica S.A. de C.V. y Eminus, S.A. de C.V (Imagen Televisión Puebla); el primero por la realización de un ‘estudio de opinión a la ciudadanía del municipio de Puebla’ y el segundo de ellos por la ‘transmisión y difusión del quehacer gubernamental’.
En cada uno de estos dos casos, el órgano fiscalizador señala un presunto daño patrimonial a las arcas del municipio de Puebla por 11 millones de pesos.
También destaca el presunto daño patrimonial por 9.4 millones de pesos detectado por la ASE en el contrato CAD-CGCS-158/2022 con la empresa Televisa Puebla por la ‘transmisión y difusión del quehacer gubernamental del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla’, debido a que el gobierno de Rivera Pérez no proporcionó comprobantes de pago y registros contables por el monto del citado contrato; además de que el contrato no estipuló la descripción pormenorizada de los servicios, así como el precio unitario de los mismos.
Resaltan de la misma manera los contratos CAD-CGCS-166/2022 y CAD-CGCS-146/2022 con la empresa Huerta Ramírez Comunicadores S.C., que suman un presunto daño patrimonial por 8.8 millones de pesos debido a que el Ayuntamiento no proporcionó comprobantes de pago y en el contrato no se estableció la descripción pormenorizada de los servicios, así como el precio unitario. Aunado a ello la ASE precisó que no se acreditó el debido cumplimiento con lo establecido en la propuesta presentada por el proveedor, ni con los reportes, bitácoras, ni capturas de pantalla que dieran cuenta del servicio.
