Con la llegada de Idamis Pastor Betancourt a la Fiscalía General del Estado (FGE) el pasado 20 de diciembre de 2024, se inició una limpia de funcionarios y agentes ministeriales vinculados a actos irregulares o con nexos con el crimen organizado. Entre los primeros en dejar sus cargos destacan Hilda Sully Cuautle Moreno, Marco Antonio Sánchez Cid y Brenda Vivanco Salazar, quienes fungían como los principales ejecutores de la Fiscalía Especializada en Investigación de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita para perseguir a enemigos políticos del ex gobernador Miguel Barbosa, siguiendo órdenes del ex fiscal, Gilberto Higuera Bernal.
Según información recabada, la Fiscalía Especializada en Investigaciones de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI) operó como brazo judicial para investigar, perseguir y detener a opositores del ex gobernador, por lo que fue desmantelada por completo y sus integrantes, incluyendo Cuautle Moreno, Sánchez Cid y Vivanco Salazar terminaron renunciado ante las versiones de ya se habían abierto investigaciones en su contra.
Durante la gestión de Higuera Bernal, más de 500 carpetas de investigación fueron abiertas contra políticos, funcionarios y ex funcionarios, incluyendo casos conocidos como la Operación Angelópolis, que involucró a personajes como Florentino Tavera, el ex auditor Francisco Romero Serrano, Arturo Rueda, además en contra del enemigo número uno del barbosismo, Eukid Castañón Herrera.
Cabe señalar que los cuatro perseguidos políticos están actualmente libres y, en el caso de Rueda, fue absuelto en las seis carpetas que se le habían abierto.
Hilda Sully Cuautle Moreno era coordinadora de ministerios públicos de la ORPI y, según informes, ejerció presión sobre jueces y notarios para obtener información confidencial de particulares y funcionarios, sin que existieran procesos penales formales. De acuerdo a su perfil es abogada de la BUAP y obtuvo su cédula profesional en 2013.
Brenda Vivanco Salazar, también en la ORPI, formaba parte de la estructura que ejecutaba las investigaciones, con una remuneración neta reportada de 30 mil 740 pesos de acuerdo con transparencia estatal. Trabajó en la FGE hasta el 31 de marzo, y después se fue a refugiar al Tribunal Superior de Justicia del estado, donde labora como secretaria proyectista. Es licenciada en Derecho por la BUAP con cédula obtenida en 2017.
Marco Antonio Sánchez Cid, agente del Ministerio Público adscrito a la ORPI, se desempeñaba en la supervisión de investigaciones estratégicas y, según reportes, tenía bajo su control la entrada a expedientes sensibles. También laboró hasta el 31 de marzo de este año en la dependencia y renunció tras la limpia iniciada por la fiscal general. Es licenciado en derecho por la UNAM y su cédula la obtuvo en 2010.
Uso faccioso de la Fiscalía
El uso político de la fiscalía especializada en ORPI durante la gestión de Barbosa Huerta, derivó en que fuera utilizada como una unidad de inteligencia financiera local, que acopio de información confidencial de decenas de funcionarios y particulares. Con dicho antecedente, la limpia de Idamis en la FGE inició en dicha área, para sacar a los fiscales coludidos con delincuentes y que operaban bajo órdenes políticas.
La llegada de Idamis Pastor busca, según fuentes de la FGE, restaurar la institucionalidad, depurar la Fiscalía de agentes involucrados en excesos y garantizar procesos judiciales imparciales.
La renuncia de estos tres funcionarios fue considerada la primera señal de la limpia interna en la FGE, que continuará revisando a los responsables de las acciones que afectaron a ex funcionarios y ciudadanos durante la gestión anterior.
Más de 250 funcionarios de FGE salieron
La limpia en la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, bajo la dirección de la fiscal Idamis Pastor Betancourt, derivó en la separación del cargo de 254 trabajadores hasta la fecha. La medida incluye tanto renuncias voluntarias como ceses administrativos, como parte de un esfuerzo por erradicar prácticas de corrupción heredadas de administraciones anteriores.
Entre los trabajadores que dejaron la institución se encuentran fiscales especiales, de los cuales 39 presentaron renuncia voluntaria, dos fueron removidos y dos más se jubilaron; 37 agentes del Ministerio Público también abandonaron la Fiscalía entre renuncias y despidos; mientras que el personal de apoyo como analistas y asesores, que incluye 19 analistas, 7 analistas de información, 9 asesores técnicos y un asesor especial, también formó parte de la depuración, de acuerdo a información del portal MTP Noticias.
Por otra parte, los mandos operativos vieron la salida de un comandante ministerial, cuatro coordinadores, dos coordinadores generales, 16 directores de área, dos directores generales, nueve jefes de departamento y dos jefes de grupo ministerial.
Estas separaciones se concentraron principalmente entre diciembre de 2024 y julio de 2025, tras la llegada de Idamis Pastor al frente de la Fiscalía. Según fuentes de la institución, algunos empleados optaron por retirarse al percatarse de las investigaciones en curso, mientras que otros fueron separados por presuntos actos de corrupción o posibles vínculos con grupos criminales.
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