Reciben en San Miguel a los ocho sicarios


Admite Archundia la peligrosidad de los detenidos


Edmundo Velázquez

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Los ocho sicarios detenidos en Tlapanalá finalmente fueron trasladados al penal de San Miguel en un impresionante operativo en el que participaron más de 150 elementos de seguridad, y consignados ante el juez Cuarto de lo Penal, Alberto Miranda Guerra, por los delitos del fuero común como delincuencia organizada, secuestro y homicidio en grado de tentativa.


El procurador Rodolfo Igor Archundia Sierra confirmó que ya fue solicitado el apoyo de la Procuraduría General de la República para que atraiga también los delitos del orden común, pero hasta el momento no han dado respuesta.


Por lo pronto, aún faltan las consignaciones ante un juzgado federal por los delitos de delincuencia organizada, portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Mexicano y por el uso de insignias y condecoraciones de funcionarios federales.


En rueda de prensa, Archundia admitió que la magnitud y poder del grupo al que pertenecen los detenidos, del cual se reservó el nombre para no entorpecer las investigaciones, era tal, que se necesitó un operativo de similar tamaño.


“Pertenecen a la delincuencia organizada, no puedo denominar a algún cártel en particular porque eso ya es competencia federal.”


El procurador admitió que recibieron llamadas en las que se amenazaba con rescatar al grupo de sicarios, aunque él insistió en que se trataba únicamente de una organización delictiva dedicada al secuestro que por lo menos en dos ocasiones anteriores habían llevado a cabo este tipo de delitos en la zona de Izúcar de Matamoros. Además les fueron encontradas 580 grapas de cocaína.

 

Operativo nunca antes visto


Poco después de las seis de la tarde el operativo arrancó con al menos cuatro células del grupo Táctico de la Policía Municipal, nueve patrullas más de la misma corporación, nueve más de Vialidad Municipal, el turno completo de la Policía Metropolitana y un camión lleno de elementos de la Policía Estatal Preventiva resguardando el Centro de Readaptación Social (Cereso), así como 15 integrantes del grupo de motopatrulleros municipales.


En una camioneta blanca Ford Sprinter blindada, elementos de la Metropolitana transportaron a los ocho detenidos. Mientras Manuel Alonso, director de Vialidad Municipal, abría paso en una camioneta blanca tipo Pick Up.


Al frente del operativo se mantuvieron Juan Manuel Sobreira, director general de Seguridad Pública; Armando Toxqui Quintero, subsecretario de Seguridad Pública; Jesús Morales Rodríguez, director de la Policía Metropolitana y Guillermo Alberto Hidalgo Vigueras, secretario municipal de Seguridad Pública de Puebla, quien conducía su camioneta blindada Jeep Grand Cherokee.


La comitiva salió de la calle 12 Poniente protegiendo la camioneta Sprinter; circuló en sentido contrario sobre la 9 Norte y siguió sobre la 10 Poniente hasta el bulevar Héroes del 5 de Mayo ante los ojos atónitos de los vecinos y paseantes del Centro Histórico que eran contenidos por agentes de Vialidad Municipal sobre las banquetas.


El operativo continuó entre el sonido de sirenas sobre el bulevar rumbo al sur hasta Plaza Dorada, donde tomaron bulevar Díaz Ordaz para después seguir por la calle Sánchez Pontón hasta el Circuito Interior Juan Pablo II con dirección hacia la zona de la Hacienda. Pasaron por La Margarita abriendo el paso entre los vehículos particulares y tomaron Camino al Batán hasta llegar al penal de San Miguel.


La Sprinter fue conducida hacia el interior del Cereso seguida del vehículo conducido por Hidalgo Vigueras y la camioneta blanca que llevaba Alonso.


El cereso se vio repleto de los uniformados y unidades, incluso una célula del grupo canófilo se mantenía en la explanada de San Miguel. Los policías metropolitanos e integrantes de la Dirección de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada se mantuvieron cerrando el paso.


Al interior del edificio del Poder Judicial, los trabajadores del Juzgado Cuarto Penal, que se encontraba de turno, también se mantuvieron pendientes del operativo, hasta que salieron las camionetas de los funcionarios junto con la que trasladó a los sicarios procesados por la averiguación previa número 973/2008/IZUMAT/PGJP/DIEDO-1.


Los ocho detenidos


Originarios de estados como Coahuila, Tamaulipas, Puebla y Veracruz, los presuntos sicarios tienen varios alias y apodos, entre ellos se encuentra un exmilitar que también fue miembro de la Policía Judicial en Puebla.


Las identidades de los detenidos fueron confirmadas por la PGJ, especificando sus respectivos sobrenombres y nombres alternos. Entre ellos se encuentran:

 

Provenientes de Coahuila


Mario Antonio Martínez Tovas y/o Isaac Méndez, alias “El Munra”.


Miguel Domínguez Álvarez y/o Juan José Escalante, alias “El Tacón”, “El Halcón”, “El Guardián”.


José Gregorio Loera Rodríguez y/o Gerardo González Ramírez alias “El Gordo”.

 

Originarios de Tamaulipas


Rodolfo Espinoza o Ernesto González Hernández alias “El Popo”, de Laredo, Texas.


Juan Martínez Salazar Molina o Juan Salazar Martínez y/o Gerardo Sánchez Martínez, alias “El Llorón” o “Juanillo el Llorón”.
Juan José Olivares Torres o Juan Carlos Garza Martínez, alias “El Tizoc”, “El Papa”, “El Comandante” o “Juanillo”.

 

Proveniente de Veracruz


Aurelio Xolo Gozcón o Javier Ríos Ponciano alias “El Congo”, “El Ríos”, de Veracruz (ubicado como exmilitar y expolicía Judicial de Puebla).

 

Proveniente de Puebla


Martín Palma Meneses alias “El Sonrisas”.

 


Reaparece Víctor Pérez Dorantes


En la rueda de prensa citada por Archundia apareció el subprocurador Víctor Pérez Dorantes, quien fuera víctima de un atentado la semana pasada. Y aunque no concedió entrevistas, Pérez se mantuvo en la rueda de prensa a un lado del procurador.


Al respecto, Archundia aseguró que el atentado del que fue víctima Pérez Dorantes no tiene ninguna conexión con la detención de los presuntos sicarios. Además insistió en que el subprocurador se mantiene sano, salvo y en perfecto estado de salud.


Sin embargo antes de que concluyera la entrevista, Pérez Dorantes abandonó la sala de procuradores y caminó hacia la oficina de Archundia. Cuando se solicitó una entrevista con él para confirmar los hechos del atentado en que fueron heridos dos de sus empleados, el funcionario ya había desaparecido.

 

 

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