Manda CDH a la procuradora su primera recomendación

Responde Villeda al señalar que solvento la encomienda

La recomendación pide que sean fincadas responsabilidades administrativas en contra de los comandantes de la Policía Judicial Manuel Silverio Flores León y José Luis Hernández Mey. Además de que se actúe en contra de los policías judiciales Marcos Martínez Munive, Alberto Osorio López y Raúl Picazo López

Edmundo Velázquez

La procuradora Blanca Laura Villeda Martínez recibió su primera recomendación del año de parte de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla, debido a que después de dos años de girada una orden de aprehensión por homicidio, cinco miembros de la Policía Judicial la han ignorado.

La recomendación pide que sean fincadas responsabilidades administrativas en contra de los comandantes de la Policía Judicial Manuel Silverio Flores León y José Luis Hernández Mey. Además de que se actúe en contra de los policías judiciales Marcos Martínez Munive, Alberto Osorio López y Raúl Picazo López.

Según indica la recomendación número 3 del 2008, la procuradora Villeda ha solapado e incumplido la orden girada por el juez octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla en contra de Víctor Daniel Romero Sánchez y/o Víctor Daniel Ramos Sánchez y Sergio Munive Sánchez quienes mataron a un muchacho de nombre José Lino Ayona y permanecieron impunes debido a que tienen parentesco directo con uno de los policías judiciales.
A través de un comu

nicado, la CDH detalló que la Procuraduría ha escondido la investigación de un secuestro ocurrido en 2002 y no ha hecho efectiva la orden de aprehensión girada desde el 2006.

La recomendación

El expediente 5309/2006-I en contra de la PGJ inició el día 2 de junio del 2006, cuando Lino Ayona Vázquez, llegó a la Comisión de Derechos Humanos debido a que dentro del proceso penal número 7/2003 —radicado en el Juzgado Octavo de lo Penal de Puebla— se dictó desde el año 2003 una orden de aprehensión en contra de las personas que privaron de la vida a su hijo José Lino Ayona en el año 2002.

La Policía Judicial tuvo las respectivas órdenes de aprehensión desde el año 2003 y hasta la fecha no se han cumplido.

Para dar seguimiento al caso, una visitadora de la CDH llegó a la PGJ para un informe preliminar sin que haya sido posible obtenerlo. Tras esto, fue necesario pedir directamente a la oficina de la procuradora Villeda la información. Hasta entonces fue que la funcionaria respondió según las peticiones de la comisión.

Al tener la respuesta de la procuradora, la comisión emitió la recomendación que, entre otras cosas, dice a la letra:

“Ordene al director general de la Policía Judicial del Estado, instruya a los elementos de dicha corporación para que a la brevedad, den cumplimiento, al mandato dictado por el juez Octavo de lo Penal de esta Ciudad, dentro del proceso 7/2003, y ejecuten la orden de aprehensión dictada en contra de los CC. Víctor Daniel Romero Sánchez y/o Víctor Daniel Ramos Sánchez y Sergio Munive Sánchez…”

También exige la investigación a los elementos de la Policía Judicial:

“Gire sus respetables órdenes al director de Información, Análisis y Control de la Conducta individual, para que inicie procedimiento administrativo de investigación en contra de los CC. Manuel Silverio Flores León, titular que fue de la Décima Comandancia de la Policía Judicial del Estado y actualmente adscrito a la Comandancia de Tulcingo del Valle, Puebla; agente 606 Alberto Osorio López; agente 282 Marcos Martínez Munive; C. José Luis Hernández Mey, actual Titular de la Décima Comandancia de la Policía Judicial del Estado y agente 453 Raúl Picazo López…”

Inicia investigación la PGJ;
culpan a Maldonado Villagómez

En lo que pareciera una guerra epistolar, la procuradora Villeda respondió a la Comisión de Derechos Humanos el mismo día a través de los medios de comunicación, a donde hizo llegar un boletín en el que aseguró que se había solventado la recomendación.

En el documento, la PGJ se deslinda de los hechos y asegura que el procurador pasado, Héctor Maldonado Villagómez es el verdadero culpable del incumplimiento de la aprehensión de Víctor Daniel Romero Sánchez y/o Víctor Daniel Ramos Sánchez y Sergio Munive Sánchez.

Precisa además que fue la administración de Maldonado la que “perdió” la orden de aprehensión y que fue en el 2005 que se giraron “instrucciones precisas a los agentes de la corporación para que se diera cumplimiento al mandato judicial” y que incluso se pidió apoyo a otras corporaciones en el país.

Aún así, la PGJ tuvo que admitir la recomendación en el sentido de iniciar una investigación en contra de los tres agentes y los dos judiciales:

“… la Dirección de Información, Análisis y Control de la Conducta Individual inició procedimiento administrativo de investigación, en contra de los CC. Manuel Silverio Flores León, titular, en esa fecha, de la Décima Comandancia de la Policía Judicial, y en contra de los agentes Alberto Osorio López, Marcos Martínez Munive, José Luis Hernández Mey y Raúl Picazo López, a quienes fue asignada la ejecución de la orden de captura.”