Retienen DIF estatal a hijos de madres indígenas


Debido a que son acusadas de corrupción de menos, sin embargo las autoridades no le han dado seguimiento al caso


El proceso no siguió en contra de las madres debido a que faltaron elementos para probar que realmente existía algún tipo de abuso


Edmundo Velázquez

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Desde hace un mes María Luisa Cañadero Gómez y Josefina Lorenzo Santos no han podido ver a sus hijos debido a que fueron acusadas por el delito de corrupción de menores. A pesar de que la averiguación previa en su contra no avanzó, el sistema DIF estatal aún tiene a sus tres hijos en el albergue de la niñez poblana.


Las dos mujeres han sido discriminadas por su origen indígena, en el Ministerio Público nunca fueron apoyadas por un traductor y hasta la fecha el Ministerio Público de Chignahuapan se ha negado a extender el documento que las exime de cualquier culpa.


Provenientes de Huitzilan, fueron separadas de sus hijos mientras trabajaban en el mercado de Chignahuapan debido a que fueron “denunciadas” por el Canal 21 de televisión de Huauchinango.


Y es que mientras las mujeres —quienes son simpatizantes del Movimiento Antorchista— dejaron solos a sus hijos el día 19 de junio mientras ellas vendían productos artesanales en Chignahuapan, los niños, acostumbrados a los sistemas antorchistas, hicieron volantes para pedir dinero a los asistentes al mercado, y al repartirlos fueron captados por la televisora del municipio vecino.


Los niños fueron trasladados hacia las oficinas del Sistema Estatal DIF municipal de Chignahuapan y por órdenes del presidente municipal Ángel Luis Carrasco Gasca, se ordenó remitir a los niños y sus madres al Ministerio Público local donde se inició la averiguación previa número 357/2008.


Las madres quedaron detenidas y sus hijos Maria Antonia Santos Gómez, de 13 años; José Santos Gómez, de 8 años de edad, y Teresa Gómez Santos, de 6 años de edad, fueron trasladados al albergue de la Casa de la Niñez en la capital poblana.


El proceso por corrupción de menores no siguió en contra de las madres debido a que faltaron elementos para probar que realmente existía algún tipo de abuso. Incluso ambas mujeres fueron examinadas y en su expediente psicológico no se encontraron ninguna prueba en su contra, por lo que fue desechada la averiguación previa y se les puso en libertad.


Sin embargo, desde el 19 de junio, los menores no han sido entregados a las madres, porque el Ministerio Público simplemente no desea expedir un oficio al Sistema DIF estatal para que las madres puedan ver de nuevo a sus hijos.


El Centro de Promoción y Defensa de Derechos Humanos Joel Arriaga ya extendió cartas a las autoridades para que tomen el caso y puedan devolverle sus hijos a las dos madres indígenas, pero hasta la fecha los niños se mantienen en la Casa de la Niñez.

 

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