Ingresan al Cereso policías torturadores

Los judiciales que participaron en el homicidio del empresario de Atlixco se encuentra bajo proceso

El 31 de enero de 2008 Antonio y Ricardo Ramírez salían de un chequeo en el Hospital Ángeles cuando fueron detenidos por los judiciales que viajaban en dos vehículos. Cada uno de los hermanos Ramírez fue escoltado por dos judiciales.

Edmundo Velázquez

El lunes ingresaron al Centro de Readaptación Social de Puebla los policías judiciales Édgar Rolando Contreras Chang y José Díaz Salinas por su participación en los delitos de abuso de autoridad y homicidio del empresario Ricardo Ramírez Rodríguez.

De acuerdo a fuentes confiables del Cereso de San Miguel, ambos agentes llegaron justo a tiempo de que se venciera el arraigo domiciliario bajo el que se encontraban debido a la orden girada por el juez primero de lo penal, Isauro Limón Melchor.

Cambio buscó al juez penal para que detallara la llegada de ambos judiciales al Cereso, pero el togado se negó a hablar debido a que aún se encuentra bajo proceso y existe “información que no puede ser dada a conocer”.

Del que se desconoce su situación legal, hasta que las autoridades decidan darlo a conocer, es de Carlos López Quiteria, judicial que fue identificado por el hermano del empresario fallecido, Antonio Ramírez Rodríguez, como uno de los que lo detuvieron ilegalmente el día 31 de enero de 2008.

Y a este se suma el cuarto judicial que participó también en la detención ilegal de Antonio, identificado como Carlos Gabriel López Rosas —placa 127— gracias a documentos presentados por la Comisión de Derechos Humanos del estado.

El 31 de enero de 2008 Antonio y Ricardo Ramírez salían de un chequeo en el Hospital Ángeles cuando fueron detenidos por los judiciales que viajaban en dos vehículos. Cada uno de los hermanos Ramírez fue escoltado por dos judiciales.

A Antonio lo soltaron en Atlixco, lugar donde hubo testigos de cómo pidió auxilio en un restaurante. A su hermano nunca más lo volvió a ver con vida.

Ricardo apareció como desconocido número tres en el Servicio Médico Forense, fue identificado por sus familiares y ahí comenzaron las sospechas de que a los judiciales “se les había pasado la mano”.

Después se dieron a conocer  una serie de versiones en las que se identificó incluso a Rocío Montero Valencia, directora de Averiguaciones Previas de la Zona Metropolitana Sur, como orquestadora de un interrogatorio donde a los judiciales Édgar Rolando Contreras Chang y José Díaz Salinas se les había pasado la mano.

El Servicio Médico Forense indicó que la muerte del empresario había sido bronco aspiración y un ataque al miocardio. La aún procuradora Villeda justificó la muerte debido a que “cualquier persona en cualquier momento podía morir de una bronco aspiración”.

Tras esto la familia de Ramírez pidió una segunda opinión de peritajes, después sobrevino una reunión de peritos para el caso hasta que se dio el arraigo de los judiciales, por quienes Blanca Laura Villeda metió las manos al fuego.

Ahora que la procuradora Villeda ha salido de la PGJ se da la entrada de ambos judiciales al Cereso y el caso continua. Se espera que sea en menos de 72 horas para que el juez Isauro Limón indique la situación legal de los agentes.