Levantan arraigo a los judiciales torturadores


Ingresaron al Cereso ayer por la tarde


Edmundo Velázquez

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Ayer a las cinco de la tarde fue levantado el arraigo domiciliario que pesaba sobre los policías judiciales Édgar Rolando Contreras Chang y José Díaz Salinas por su participación en los delitos de abuso de autoridad y homicidio del empresario Ricardo Ramírez Rodríguez.


Tras esto, les fue girada la orden de aprehensión por el juez primero de lo Penal, Isauro Limón Melchor. Los agentes llegaron al Centro de Readaptación Social (Cereso) de San Miguel hasta el jueves a pesar de que se esperaban a principios de la semana.


De acuerdo a testigos, los judiciales llegaron a las seis de la tarde al Cereso, a donde fueron trasladados en una camioneta Suburban, cubiertos en la cabeza con una toalla.


Se espera ahora que el juez primero de lo Penal tome la declaración preparatoria de los acusados de la muerte del empresario Ricardo Ramírez Rodríguez. Debido al escándalo que el caso ha provocado, la diligencia se llevará a cabo en privado, pues se prevé que los judiciales pidan que no sean presentados en la rejilla de prácticas.


Aún se desconoce cuál es el procedimiento que seguirán en contra de Carlos López Quiteria, judicial que fue identificado como uno más de los agresores, como señaló Antonio Ramírez, hermano del empresario fallecido, quien también fue detenido de manera ilegal el día 31 de enero de 2008, fecha en la que fue la última vez que se vio con vida a Ricardo.
A partir de su entrada al penal de San Miguel, existe un plazo constitucional de 72 horas en las que el juez debe de fijar la situación jurídica de los dos agentes.


Mientras tanto, sobre la averiguación previa que pesa sobre Rocío Montero Valencia, directora de Averiguaciones Previas de la Zona Metropolitana Sur, se sabe que ésta ha sido creada desde la misma Procuraduría General de Justicia.


La investigación no tiene que ver con el caso Ramírez, pero fue creada por un agente del Ministerio Público que encontró irregularidades en una averiguación, por lo que, para deslindarse de los errores de Montero, levantó una denuncia por encubrimiento y delitos cometidos por servidores públicos.

 

 

 


 
 
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