Hoy instala el Congreso a Margarita Gayosso

Llega juez penal a magistratura vacante

Es probable que, a su vez, el pleno del TSJ instale a la juez mañana mismo en caso de que también se incluya como parte de la sesión ordinaria del pleno de magistrados que cada semana se celebra

Edmundo Velázquez

El Congreso local rendirá protesta a Margarita Gayosso Ponce como magistrada suplente de Fernando Humberto Rosales Bretón, quien dejó vacante el puesto en la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia al ser nombrado como nuevo titular de la Procuraduría General de Justicia.

En el 2000, Rosales y Gayosso integraban la dupla a magistrado que resultó elegida en ese entonces por el Congreso local durante el sexenio de Melquiades Morales Flores, por lo tanto, según dicta la Ley Orgánica del Poder Judicial en Puebla, la suplente debe llegar al pleno de magistrados tras su instalación ante el Congreso local.

Hoy se llevará a cabo el trámite como parte de los puntos del orden del día en la sesión de la Comisión Permanente de la LVII Legislatura.

Es probable que, a su vez, el pleno del TSJ instale a Gayosso mañana mismo en caso de que también se incluya como parte de la sesión ordinaria del pleno de magistrados que cada semana se celebra.

A Margarita Gayosso Ponce se le conoce debido a que hasta hoy fungía como juez noveno de lo Penal, y es identificada entre los jueces penales por su trayectoria en el Poder Judicial.

Gayosso también forma parte del grupo de los doce togados que renunciaron a principios de este año al Colegio de Jueces de Primera instancia que dirige Helmo Mayoral Bello, juez octavo Civil.

Tanto Gayosso como sus compañeros (entre los que se encuentran jueces como Enrique Romero Razo, Alberto Bagatela, Rosa Celia González Pérez y Blanca Laura Olivier, por citar a algunos, describían a la asociación presidida por Mayoral como un grupo de apoyo “político” dentro del Tribunal.

Trascendió que, en el momento de ruptura entre Mayoral y los jueces inconformes, fue precisamente Gayosso quien presentó documentación en la cual se evidenciaban onerosas propiedades de los jueces que serían “apoyados económicamente” y que habían sido castigados por el Tribunal por diversas irregularidades, entre ellos Ricardo García Prieto y Felipe de Jesús Ventura.

El primero tuvo un destino fatal y se suicidó la víspera de navidad en el 2007, mientras que Felipe de Jesús Ventura recientemente fue reinstalado. El escándalo derivó en la creación de la nueva asociación de la que “se ultiman detalles” para ser dada a conocer en dos o tres semanas.