Aprueba Comisión de Gobernación la reforma judicial y penal

Será en las primeras sesiones del segundo periodo cuando el pleno avale la reforma

Hasta hace dos semanas, los diputados locales ni siquiera habían leído el dictamen de la reforma y desconocían los lineamientos que contiene el documento ya aprobado en 17 Congresos locales.

Selene Ríos Andraca

El Congreso de Puebla se sumará en los próximos días al conjunto de Cámaras de Diputados locales en aprobar la reforma constitucional en materia judicial y penal, una vez que la Comisión de Gobernación aprobó ayer el dictamen.

Ante los reclamos del diputado panista Enrique Guevara Montiel, en el sentido de que el Congreso local no ha trabajado para mejorar el sistema judicial en Puebla, al grado de ni siquiera aprobar la reforma judicial y penal, la Comisión de Gobernación por fin discutió el tema.

Será en las primeras sesiones del segundo periodo, a iniciarse después del primero de junio, cuando el pleno del Legislativo avale la reforma constitucional y Puebla se convierta en el estado número 18 en aprobar las modificaciones.

Aunque hasta el cinco de mayo, los diputados locales desconocían los lineamientos que marcaba la reforma, ayer se aprobó el dictamen sin ningún argumento en contra.

Es preciso recordar que Puebla suele ser de los primeros Congresos en sumarse a las reformas constitucionales, y tal fue el caso de la Ley Electoral. El Congreso poblano, entonces en manos del priista Pericles Olivares, se convirtió en el estado número siete en avalar las modificaciones al Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales (COFIPE).

La celeridad con la que aprobó el Congreso poblano la Ley Electoral obedeció a una orden de Mario Marín Torres, quien trabó malas relaciones con las televisoras nacionales por el escándalo de la periodista Lydia Cacho.

A finales de febrero, las Cámaras de Diputados y Senadores aprobaron la reforma judicial y hasta el momento, 17 Congresos se han sumado a las modificaciones, por lo que ya es una reforma constitucional.

Para aprobar la reforma judicial, los diputados de oposición pidieron que se borrar el párrafo referente a los allanamientos que facultaría a los elementos policiacos a: “ingresar sin orden judicial a un domicilio cuando exista amenaza actual o inminente a la vida o a la integridad corporal de las personas”.

Los lineamientos de la reforma establecen que: “por delincuencia organizada se entiende una organización de tres o más personas para cometer delitos en forma permanente o reiterada; las comunicaciones privadas son inviolables, la ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas; toda orden de cateo vendrá precedida de una solicitud del ministerio público”.

“Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales (prisiones de excepción); corresponderá a las policías a actuar bajo la conducción del ministerio público, y se implementará la extensión de dominio para aquellas personas que no hayan sido juzgadas y sentenciadas”.

Algunos medios de comunicación a nivel nacional, entre ellos La Jornada, criticaron la reforma judicial debido al ataque a los derechos humanos y las garantías individuales.