CAIP exhorta a Marín a hacer pública su declaración patrimonial

Asegura que la publicación en 2005 es un antecedente de buena voluntad

La integrante de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) apeló a la buena voluntad del mandatario para transparentar su patrimonio, y con mayor razón si ya lo hizo en febrero de 2005 cuando inició su gestión al frente del Poder Ejecutivo

Selene Ríos Andraca

Josefina Buxadé Castelán, comisionada para el Acceso a la Información Pública, exhortó al gobernador Mario Marín Torres a hacer pública su declaración patrimonial, en aras de demostrar que “no está escondiendo nada” y que “no tiene cola que le pisen”: “Con el afán de demostrar que no hay nada que esconder y demostrar que no ha habido enriquecimiento ilícito.”

La integrante de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) apeló a la buena voluntad del mandatario para transparentar su patrimonio, y con mayor razón si ya lo hizo en febrero de 2005 cuando inició su gestión al frente del Poder Ejecutivo.

El lunes pasado el portal e-consulta publicó la respuesta de la Unidad de Acceso a la Información Pública (Udapi) de la Oficina del Ejecutivo a la petición de conocer el patrimonio de Marín Torres, la cual asentó que hacerlo pondría en peligro la seguridad y la integridad del gobernador, amén de hacerlo objeto a un atentado.

“Cualquier aspecto que ponga en riesgo la estabilidad personal, familiar e incluso patrimonial del encargo del Gobierno, debe ser debidamente sopesado, como es el caso de abrir la información relativa a sus ‘datos personales’, en específico, lo concerniente a su declaración patrimonial, ya que al hacerse pública esta información se estaría potencializando el riesgo de un atentado, no sólo en el ámbito de la intimidad de su persona, sino incluso de su familia, su domicilio, sus papeles o posesiones, pero sobre todo, lo que conlleva a la figura jurídico, política y administrativa que él representa para nuestro estado”, fue la respuesta de la Udapi.

Buxadé Castelán aseguró que la negativa del gobierno marinista está apegada a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que ésta contempla como reservada toda la información personal de los servidores públicos.

El artículo 12 establece como información reservada: “La que de revelarse pueda causar perjuicio o daño irreparable a las funciones públicas, comprometa la integridad, la estabilidad, la permanencia, la gobernabilidad democrática o la seguridad del Estado o los Municipios, así como aquélla que pudiere poner en peligro la propiedad o posesión del patrimonio estatal o municipal y aquélla cuya divulgación ponga en riesgo la vida, la seguridad, la salud, los bienes o la familia de cualquier persona”, entre otras fracciones.

“Sí, lo que sucede es que, por ley no tiene la obligación lo objetos obligados de hacer pública su declaración patrimonial, entonces la Ley de Transparencia no lo indica así, por lo tanto están en todo su derecho a negar la información de la declaración patrimonial de cualquier funcionario, no sólo del gobernador si no de cualquier funcionario”, explicó Buxadé.
Pero hay casos excepcionales de funcionarios que han hecho pública su declaración y está el caso concreto del gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame, del ex presidente Vicente Fox, y el propio Mario Marín y el ex alcalde capitalino, Enrique Doger Guerrero.

“Si uno pretende ser transparente y pretende mostrar que no tiene cola que le pisen, lo tiene que hacer adecuadamente, por los canales adecuados y con la información veraz, por su puesto, entonces yo creo que en algunos casos, algunos gobernadores sí han hecho pública sus declaraciones patrimoniales.

“El antecedente que hay de que algunas veces o alguna parte de esta declaración patrimonial, ya se ha hecho pública por el gobernador o por algún presidente municipal, yo lo entiendo como una muestra de buena voluntad y decir bueno, no tengo ningún problema en decir con cuánto dinero entré y con cuánto dinero salí.”

Ninguna ley de transparencia contempla como obligatorio publicar las declaraciones patrimoniales, debido a la información que involucra a los beneficiados, como es el caso de cónyuge o descendientes.

“En el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública se ha discutido esto y las declaraciones patrimoniales tendrían que ser públicas y ha habido discusiones, porque hay posturas encontradas. Un particular punto de vista es que la declaración patrimonial contiene sí, los bienes, muebles, inmuebles que tiene un funcionario sus ingresos, sus cuentas bancarias, no sólo lo que ingrese en las cuentas bancarias, si no, también si tiene deudas o hipotecas todas esas cosas están registradas en la declaración patrimonial.”

Pero, dijo la comisionada, es posible hacer una versión del patrimonio que involucre únicamente los bienes del funcionario para demostrar que no ha habido enriquecimiento ilícito.

Al preguntarle si consideraba que la declaración patrimonial pondría en riesgo la vida del mandatario, Buxadé aseguró que ese argumento es muy complicado y muy discutido en mesas de transparencia.