Archundia protege a narcofuncionaria


Envían a María Eugenia Enríquez al Centro de Mediación de la PGJ


Edmundo Velázquez

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En vez de separarla de su cargo por la investigación que enfrente ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República, María Eugenia Enríquez Reyes fue protegida y enviada como agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Mediación del Poder Judicial.


Definido como uno de los puestos de menor carga laboral, el trabajo que ahora desempeña Enríquez es el de cualquier agente del Ministerio Público pero ahora únicamente supervisa casos donde existe mediación.


Según fuentes del Poder Judicial, dependencia que auspicia al Centro de Mediación, el movimiento se hizo de una manera extremadamente sigilosa, a diferencia de otros cambios anunciados con bombo y platillo por el procurador Archundia. Incluso, aún en el directorio de la PGJ en el cargo en la Agencia de Ministerios Públicos para la zona de Cholula aparece el nombre de María Eugenia Enríquez Reyes.


Cabe recordar que Enríquez aparece dentro de las actuaciones ministeriales como una de los funcionarios a quienes se les otorgaba un pago mensual de parte de los Zetas que ahora se encuentran recluidos en el penal de máxima seguridad del altiplano en Almoloya de Juárez.


Las actuaciones detallaban que Enríquez otorgaría protección en la zona de Cholula a cambio de una suma de 50 mil pesos mensuales que le serían pagados por los presuntos sicarios. Lo mismo ocurrió con Jairo Baena, comandante de la Policía Judicial en Puebla que supuestamente había sido cooptado. Sin embargo ambos funcionarios siguen dentro de la nómina de la Procuraduría General de Justicia sin que el titular, Rodolfo Igor Archundia Sierra haya iniciado, al menos, un procedimiento administrativo.


Enríquez ahora es compañera de otra funcionaria que también fue protegida a pesar de ser investigada anteriormente por el caso de la muerte del empresario Ricardo Ramírez Rodríguez, la exdirectora de Averiguaciones Previas de la Zona Metropolitana Sur, Rocío Montero Valencia.


Es importante recalcar que cada vez que el procurador Archundia ha sido cuestionado sobre los casos de Enríquez y Baena argumenta que “son investigaciones que no pueden ser dadas a conocer”.

 

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