Tunden otra vez a Rafa en el Congreso local


Exigen diputados se investigue el presunto desvío de recursos para favorecer sus aspiraciones políticas


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El Congreso del estado se convirtió en el nuevo campo de batalla en contra del senador panista Rafael Moreno Valle a quien le llovieron acusaciones y puntos de acuerdo para que sus secuaces de la delegación de la Sedesol sean investigados hasta por la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación.


El primer punto de acuerdo fue propuesto por la diputada perredista Irma Ramos Galindo quien solicitó tanto a la delegación de la Sedesol como de la delegación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) informen la situación que guarda en esta dependencias y sobre todo, los eventos en los que han apoyado al senador panista, pues a decir de ella, han sido proselitistas.


Irma Ramos informó que Rafael Moreno Valle regaló planchas en el municipio de Hueytlalpan, los días 28 y 29 de agosto, así como el 26 y 27 del mismo mes, pero en la junta auxiliar de Totomoxtla en Cuautempan, incluso, dijo que él mismo corroboró el regalo que hizo a las personas de esta población.


Por eso, convocó a la Comisión de Desarrollo Social del Congreso del estado, la cual ella preside, para integrar el expediente que enviará a las dependencias antes mencionadas, a fin de que expliquen su participación en los actos proselitistas de Moreno Valle.


Por si fuera poco, Ramos Galindo informó que Moreno Valle se valió de la estructura de la Sedesol y de la CDI para promocionarse, hasta invitaron a los pobladores de las localidades antes mencionadas a participar en un taller que según impartiría la Sedesol y a otro de la CDI, y hasta hicieron uso de los recursos de la Sagarpa, en los cuales regalaron palas, picos, planchas utilizando los recursos.


Por si fuera poco, el grupo parlamentario del PRI también hizo una petición para que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) investiguen los supuestos desvíos de recursos de la delegación de la Sedesol, a favor del proyecto político rumbo a la gubernatura de Rafael Moreno Valle.


La priista Gudelia Tapia se lanzó en contra del senador y hasta de los diputados panistas, a quienes les dijo que intentan defender lo indefendible, en lugar de analizar y darse cuenta de la realidad que impera con el senador Rafael Moreno Valle.


Además, pidió a la delegación de la Sedesol y de la CDI que ajusten sus actos conforme a derecho y: “A la objetividad que implica el desempeño del servicio público”.


Pues consideró que hay favoritismos políticos que se han generado a través del uso que “ciertos políticos” le dan a los programas públicos, por lo que entregan dádivas, a cambio de simpatías, realizan prebendas con el ánimo de obtener lucro electoral adelantado, por lo que se están contraviniendo las reglas, hasta las del PAN.


Finalmente, dijo que la CDI y la Sedesol han olvidado los objetivos bajo los cuales trabajan, los cuales son alcanzar el desarrollo integral de las comunidades vulnerables, marginadas, e indígenas: “Abusar del poder público no puede ser una estrategia para justificar un buen gobierno.”

 

Sancionarán a ex funcionario municipal


El Congreso del estado inhabilitó por 24 años para ocupar cargos públicos, así como estableció una sanción por 9 millones 500 mil pesos, e interpuso una denuncia ante el Ministerio Público en contra de Eliuth Solís Tototzintle, quien fungió como director de Industrial de Abasto en la administración del panista Luis Paredes Moctezuma.


Este exfuncionario no pudo comprobar recursos por 86 millones 801 mil pesos correspondientes a los ejercicios fiscales de los años 2004 y 2005, por lo que se le acusó de daño patrimonial y deficiencia administrativa.


Cabe mencionar, que estas sanciones se habían hecho anteriormente, pero el panista se amparó, no obstante, perdió el amparo, por eso el Congreso del estado retomó el caso y sancionó definitivamente al exfuncionario capitalino.


De la misma forma, el exalcalde de Chinantla, Aarón Domínguez Vargas fue inhabilitado por 6 años, y sancionado por 409 mil 483 pesos, esto de acuerdo a la aprobación del pleno para empezar un procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades. La misma suerte corrió el expresidente municipal de Zacapala, Martín Huerta Herrera, quien fue inhabilitado por 8 años y sancionado por 228 mil 378 pesos, además de que estos dos casos fueron notificados a la Auditoría Superior de las Federación (ASF).


También fueron aprobados por el Congreso del estado los dictámenes presentados por la Comisión Inspectora en torno a las cuentas públicas de los municipios de Ayotoxco de Guerrero, Coronango, Chiautzingo, Chiconcuautla, Huatlatlauca, Jopala, Ocoyucan, San Matías Tlalancaleca, Tlaxco, así como del Instituto Poblano de la Juventud.

 

 

 

 

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