El salario del góber, otro gran secreto


Josefina Buxadé se opone a la opacidad, pero Rangel y Juárez Acevedo avalan la secrecía del gobierno


No sólo la declaración patrimonial del gobernador y sus funcionarios es un misterio para los ciudadanos por su “seguridad personal”, ahora hasta el salario desglosado del gobernador se tendrá que mantener en secreto porque la Secretaría de Finanzas carece de la información en sus archivos


Selene Ríos Andraca

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La Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) volvió a proteger los intereses del gobierno marinista con una resolución que reserva el sueldo desglosado de Mario Marín Torres, aunque en la página de Transparencia se establece que su salario máximo es de 147 mil 183 pesos, la Secretaría de Finanzas se negó a hacer público el sueldo neto, las compensaciones, el total de deducciones, las primas vacacionales y el aguinaldo que ha percibido el actual gobernador así como los salarios de sus antecesores Mariano Piña Olaya, Manuel Bartlett Díaz y Melquiades Morales Flores.


No sólo la declaración patrimonial del gobernador y sus funcionarios es un misterio para los ciudadanos por su “seguridad personal”, ahora hasta el salario desglosado del gobernador se tendrá que mantener en secreto porque la Secretaría de Finanzas carece de la información en sus archivos.


Con el voto en contra de Josefina Buxadé Castelán, los comisionados Samuel Rangel y Antonio Juárez Acevedo le dieron la razón a la Secretaría de Finanzas, cuya Unidad para el Acceso a la Información (Udapi) respondió a la petición del periodista Ernesto Aroche que: “la información no se encuentra en nuestros archivos”.


El ciudadano requirió a la Secretaría de Finanzas: “monto de la remuneración mensual percibida por los últimos cuatro gobernadores, incluido Marín Torres, desglosado por año, sueldo, compensación, despensa, percepción bruta, ISTP, ISSSTEP, seguro de vida, total de educciones, percepción neta, prima vacacional, vacaciones y aguinaldo, es decir, siguiendo el esquema que usa la CAIP (http://caip.org.mx/transparencia/fraccion_iii_remuneracion.html)”.


Asimismo el recurrente solicitó las copias de los recibos o los documentos de conformidad mediante los que los gobernadores cobraron sus respectivos sueldos, sin embargo, éstos también fueron negados.


La Secretaría de Finanzas argumentó que la dependencia carece de la información referente a los tres exmandatarios, y con respecto a Mario Marín Torres, le informó al ciudadano que recurriera a la página de transparencia, misma que solamente informa que el “Gobernador” tiene un sueldo máximo de 147 mil 183 pesos con 26 centavos.


Pero la vaga respuesta de Finanzas incumple con el requerimiento, una vez que el recurrente exige el desglose del salario y los impuestos que se le descuentan mes con mes.


Esa es una de las razones por las que Josefina Buxadé votó en contra del dictamen elaborado por Samuel Rangel que avalaba la opacidad que baña el gobierno de Mario Marín Torres.


Otro argumento de la comisionada es que en el Considerando Octavo de la resolución se explica: “Es de considerarse que el deber de los Sujetos Obligados, de conformidad al artículo 9 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, es publicar la remuneración mensual por puesto, incluso el sistema de compensación, sin que esta exigencia legal conmine a la autoridad a desglosar los conceptos que integran dicha remuneración mensual, como lo hace la CAIP”.


Buxadé Castelán fue más allá y evidenció a Samuel Rangel al asegurarle que Finanzas sí cuenta con el desglose del salario de sus respectivos funcionarios, incluyendo a los gobernadores: “Esa información se encuentra plasmada en el recibo que emite quincenalmente la Secretaría de Finanzas y Administración, en el que, entre otros datos se consigna: beneficiario, categoría, CURP, percepciones, deducciones y neto, y que es entregado también quincenalmente a los trabajadores del Gobierno del Estado. El recibo foliado tiene además la leyenda ‘Favor de conservar este comprobante para cualquier aclaración’”.


Y agregó: “Ya que todos los funcionarios, cada quincena, firmamos las hojas de la nómina donde está la información sobre nuestra remuneración desglosada, que coincide con los datos del recibo: percepciones (desglosadas), deducciones (desglosadas) y neto, entre otras.”


En su artículo semanal “Línea Abierta”, Buxadé concluye que: “Resulta entonces muy grave que se pretenda fundamentar un acto de opacidad en una disposición legal no aplicable, porque es contrario a derecho.  Más aun cuando el estado sí tiene disposiciones de protección documental, que no permiten la destrucción de los mismos”.


Sin embargo, los argumentos de la comisionada no valieron de nada ante las exigencias jurídicas de Antonio Juárez y Samuel Rangel.

 

 

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