Alertan de opacidad en aplicación del ramo 33

La Fundación Ethos denuncia que la Sedeso no transparenta uso de programas socialesa

La Secretaría de Desarrollo Social, dirigida por “el Delfín” del gobernador, Javier López Zavala, es de las principales dependencias beneficiadas por los recursos del ramo 33 y este año recibirá mil 71 millones de pesos

Miguel Ángel Cordero

El gobierno de Puebla, junto con otros seis estados de la República, se ha aprovechado de un vacío legal en la Ley de Coordinación Fiscal para no transparentar los recursos del ramo 33, que corresponden a gasto social, de acuerdo con el estudio llamado “Las Dimensiones del Gasto Social”, elaborado por la Fundación Ethos en colaboración con la Fundación Idea. Con ello, los fondos por este rubro, que ascienden este año a 19 mil 668 millones de pesos para Puebla, podrían ser ejercidos con discrecionalidad e incluso podrían destinarse a pagar campañas electorales.

Además de Puebla, en los estados de Aguascalientes, Durango, Nayarit, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz no puede consultarse la aplicación del dinero proveniente del ramo 33.

La Secretaría de Desarrollo Social, dirigida por “el Delfín” del gobernador, Javier López Zavala, es de las principales dependencias beneficiadas por los recursos del ramo 33 y este año recibirá mil 71 millones de pesos.

Esta es la segunda edición del estudio dirigido por las académicas Mariana Campos y Liliana Alvarado. La primera parte del documento señala que el Gobierno federal y estatal solamente transparenta uno de cada nueve pesos que son destinados al gasto social.

En la segunda parte, la investigación concentra su atención en la forma en que las entidades federativas sobre todo en que el uso del dinero queda a voluntad del poder en turno.

Existen estados donde el órgano auditor no cuenta con independencia de gestión y los intereses políticos de los congresos locales influyen en el quehacer de los órganos, por lo que la información que se produce no es necesariamente transparente.

El estudio señala que en los siete estados mencionados, entre ellos Puebla, no existe información desagregada sobre las actividades que desempeñan las oficinas de gobierno a cargo de ejercer los recursos y tampoco hay información sistemática acerca de su fiscalización al interior de los Poderes Legislativos de cada entidad.

Más aún, la LCF no menciona parámetro alguno sobre las prácticas de transparencia a observar en el desempeño de cada nivel de gobierno y a causa de ello, los gobiernos locales se aprovechan para no precisar la información del ramo 33.

“La rendición de cuentas se deslindó de forma precipitada para las entidades federativas. No se establecieron estándares de transparencia y procedimientos de coordinación para retroalimentar a la federación con respecto al ejercicio del gasto social”, acusan las investigadoras en el documento.

Tales lagunas jurídicas en la LCF provocaron que la transparencia presupuestaria tuviera fuertes limitaciones en la mayor parte del gasto social. En consecuencia, el nivel de rendición de cuenta quedó sujeto a la normatividad de cada entidad federativa que puede ser deficiente.

Con ello, el correcto ejercicio y transparencia de los más de 19 mil 668 millones de pesos del ramo 33 que recibirá Puebla en 2009 queda en entredicho.

Entre 10 y 16 por ciento del gasto público Federal para entidades, de acuerdo al estudio, incluyen la educación, la salud, el combate a la pobreza y dotación de servicios básicos, rubros generalmente aprovechados por los candidatos en campaña para promover su imagen.

De acuerdo a Mariana Campos y Liliana Alvarado, en los últimos 10 años, periodo en el cuál entró en vigor el Nuevo Federalismo, se ha generado inequidad en el acceso a la información respecto al gasto social y, en la práctica, se ha limitado la consolidación de la información del gasto.

El reporte también advierte que debido a la opacidad y falta de reglas claras en el otorgamiento de beneficios fiscales, México perderá en 2009 cerca de 7.4 por ciento del Producto Interno Bruto. Cifra muy alta si se toma en cuenta que las recaudaciones totales serán del 9.6 por ciento del PIB.

El objetivo central de la investigación, según el propio documento, es estudiar la transparencia, distribución y operación del gasto social, pues no existe un dato oficial sobre el gasto social privado en México, por su parte la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) estima que asciende a 2.7 por ciento del gasto social total.

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