Descarta la SCJN responsabilidad de Ardelio en el caso Atenco


Sólo los policías responderán por los abusos cometidos en mayo de 2006

 

Leticia Ánimas Vargas

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó fuera del caso Atenco al precandidato del PRI a diputado federal por este distrito, Ardelio Vargas Fosado, al considerar que sólo deben responder los policías responsables y sus mandos inmediatos por los “abusos” que se cometieron en esa localidad mexiquense.


El nombre de Vargas Fosado salió a relucir en los considerandos del dictamen de la SCJN, debido a que en mayo de 2006, cuando se realizó el operativo contra la protesta de los ejidatarios atenquenses, fungía como comisionado de la policía Federal Preventiva y de la Agencia Federal de Investigaciones.


La Corte exoneró además al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, y al entonces secretario de Seguridad Pública federal, Eduardo Medina Mora, de la que consideró como “violación grave de garantías en San Salvador Atenco, estado de México”.


Por ocho votos contra tres, los ministros deslindaron también de responsabilidad a otros mandos policíacos, como al almirante Wilfrido Robledo Madrid, quien era director de la Agencia de Seguridad del estado de México, y a raíz de éste operativo fue inhabilitado para ocupar cargos públicos.


La mayoría de los ministros resolvieron que las responsabilidades por las violaciones de derechos humanos deben recaer exclusivamente “en los policías que cometieron los abusos y, en su caso, en los mandos inmediatos que lo permitieron”.


Los ministros se pronunciaron a favor de solicitar a las autoridades ampliar las investigaciones sobre los hechos con el fin de fincar posibles responsabilidades individuales y no de manera genérica o a nivel de instituciones, toda vez que, por unanimidad, consideraron que sí es posible abordarlo.


El conflicto social en esa población del estado de México, inició cuando el gobierno del ex presidente Vicente Fox Quesada anunció su intención de expropiar las tierras de los ejidatarios de Atenco para la construcción de un aeropuerto. Se produjeron diversas manifestaciones, incluido el cierre de la carretera México-Texcoco, más tarde los pobladores tomaron como rehenes a algunos policías, en ese marco se dio el operativo policiaco que, de acuerdo con lo planteado por la Corte, fue “una grave violación a los derechos humanos y se usaron tácticas de la guerra sucia”.

 

 

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