Thursday, 25 de April de 2024


La ley de Ernestina Fernández y Álvaro Alatriste mantiene en jaque a Tehuacán




Escrito por  Carlos Montenegro
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Las violaciones legales al interior del cabildo de Tehuacán continúan suscitándose indistintamente por regidores, personal administrativo e incluso la propia presidenta municipal Ernestina Fernández y por supuesto, el esposo de ésta, Álvaro Alatriste Hidalgo.

En días pasados dimos cuenta de la petición del regidor Abraham Aguilar Sánchez quien exigió en cabildo el cese del director de Seguridad Pública de ese lugar en virtud de no ser una persona confiable ante los ojos de la ciudadanía tehuacanera, situación que generó el airado reclamo de la presidenta Ernestina Fernández, quien a toda costa defendió la permanencia del funcionario en el cargo que ostenta. Pese a ello, el funcionario tuvo que ser destituido ante la contundencia de hechos que se le imputaban.

 

 

También, el referido regidor denunció la existencia de delitos como usurpación de funciones y nepotismo, en los que incurrieron varios funcionarios del Ayuntamiento de Tehuacán, tras precisar que en la nómina cobran familiares de servidores públicos que ocupan cargos de primer nivel de la estructura organizacional del Ayuntamiento, lo cual no sólo está prohibido por la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Puebla, sino que se puede tipificar como un delito de tipo penal.

 

 

Al respecto, agregó que “se trata de un problema grave porque hay muchos capitanes a bordo, y no se sabe a quién obedecer, estoy por ejemplo yo como regidor de Gobernación, está la presidenta, hay un esposo de la misma, sus amigos y familiares, lo que ocasiona que se hagan bolas todos, hay órdenes por todos lados y es bien sabido que quien a dos amos sirve, con uno queda mal”. 

 

 

Abraham Aguilar Sánchez ejemplificó que Miguel Ángel Reyna Morales es director en el área de Recursos Humanos, “no obstante, quien ordena y toma decisiones es el sobrino de la alcaldesa, Víctor Alatriste, mientras en el resto de las áreas la circunstancia es la misma”, enfatizó.

 

 

Por último, exhortó a la presidenta Ernestina Fernández a estudiar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Púbicos, particularmente en su artículo 50 y se dé cuenta de que no puede beneficiar a sus parientes con el ejercicio del poder que el pueblo le confirió.

 

 

Dicha situación podría derivar en sanciones penales, por la usurpación de funciones y en administrativas por el nepotismo, donde la más afectada sería la alcaldesa Ernestina Fernández Méndez; directores, jefes de área o regidores estarían siendo penalizados de igual forma al incurrir en la omisión de sus funciones y permitiendo que un tercero decida, sin estar facultado para ello; por otro lado, el nepotismo contempla que no pueden existir familiares o parientes consanguíneos en línea recta hasta el cuarto grado.

 

 

 

 

 

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