El punto a discusión radica en el hecho de que la reforma energética por sí misma no derivará en un nuevo modelo de desarrollo si no es utilizada para rediseñar las dos políticas clave para salir del estancamiento: una política industrial y una política agropecuaria.

En el viejo régimen priísta, como lo confesó en julio de 1975 el secretario de Agricultura, Oscar Brauer Herrera, el sector campesino operaba como aparato electoral del PRI y no como un mecanismo de producción se alimentos: “el ejido está bien organizado para votar pero no para producir”, afirmó el funcionario.

La reforma al 27 Constitucional que hizo Salinas de Gortari careció de un modelo de reestructuración del campo y su capacidad productiva y el país no recibió las inversiones privadas que habían dicho, el sector primario perdió dinamismo y el campo se descampesinó.

Ahora viene la segunda oportunidad para que una reforma genere recursos para rehacer el sector agropecuario, pero no para regresarlo al PRI a votar sino para conseguir la meta de autosuficiencia alimentaria. En este contexto ocurrió la reactivación del reconocimiento a la ley agraria del 6 de enero, en el marco de la recuperación del modelo político que Salinas de Gortari había enviado al museo de las cosas inútiles: la Revolución Mexicana.

En la ceremonia de este año en Veracruz, el gobernador veracruzano Javier Duarte le dio sentido político al evento: “al conmemorar el 99 aniversario de la ley agraria promulgada por el presidente Venustiano Carranza, mantenemos la vigencia de un movimiento social que estableció leyes más justas y consolidó los postulados de la Revolución en la Constitución”.

La invocación de la Revolución Mexicana le dio rumbo a la ceremonia, toda vez que el movimiento social de 1910 fue eminentemente agrario. De ahí el recordatorio del gobernador Duarte: “la ley Agraria de 1915 restituyó tierras y aguas a los pueblos y comunidades a campesinos que habían sido injustamente despojados, lo que contribuyó a la paz y dio certidumbre a quienes vivían en el campo. Fue un acto (…) de congruencia y conciliación con todas las expresiones que demandaban ver cumplidos los ideales de la Revolución, por el bien superior de la Republica”.

El discurso de Duarte, que gobierna un estado rico en producción agropecuaria y muy rico en petroleo, debió leerse en el escenario de lo que viene: la reforma energética por sí misma no va a impulsar el crecimiento económico sino que se requiere de la acción directa del Estado para volver a los programas de estímulo a la producción del campo. Y la invocación a la Revolución tampoco fue gratuita: sin paz en el campo, el país se hundirá en la inestabilidad y la única manera de pacificar al campo es con producción y bienestar bajo la dirección política del Estado.

El discurso del gobernador Duarte fue el primero después de la reforma energética de diciembre pasado y por ello su importancia en cuanto a jalar el interés y la preocupación hacia el campo que fue abandonado en la fase industrializadora del desarrollo estabilizador de los sesenta y que fue privatizado con la reforma al 27 constitucional en 1992 por Salinas de Gortari. Sin una política no sólo agropecuaria sino campesina --el Estado con acciones de bienestar y de justicia--, la reforma energética podría quedar sin sentido político.

El desafío no es menor: se trata de reconstruir al sector campesino y modernizarlo para producir y ya no para votar por el PRI.