El debate mediático en torno a la guerra en Michoacán --sin muertos ni heridos, disparos al aire y sólo fotos de autos quemados-- no ha llegado al fondo de la crisis de seguridad del Estado: en Guerrero y Michoacán los gobiernos estatales han demostrado ser incapaces en aplicar las normas de seguridad para defender el bienestar de sus ciudadanos, lo cual implica la urgencia de reorganizar los sistemas de gobierno estatales.

La crisis en Michoacán no ha permitido debatir el caso de Guerrero, revelada por el Informe especial sobre los grupos de autodefensa y la seguridad pública en el estado de Guerrero que dio a conocer en diciembre el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia, y en el cual se incluyen argumentos que ilustran el colapso del sistema de seguridad pública y la claudicación de gobernador y alcaldes ante el poder de la criminalidad.

El reporte de Plascencia tiene datos preocupantes en algunos de sus principales puntos:

150.- (…) la justicia comunitaria no constituye una respuesta adecuada para lidiar con los problemas de delincuencia que aquejan a esa entidad. Orillar a estos grupos comunitarios a asumir su propia defensa y preservación no es más que una justificación del estado para renunciar a su función indelegable de garantizar la seguridad pública.

151.- Si bien en ocasiones se pretende justificar que el surgimiento y operación de estos grupos tiene fundamento en la libre determinación y en la autonomía indígena para aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, debe decirse que la problemática presente excede por mucho la justicia comunitaria derivada de la tradición indígena, ya que las funciones que realizan estas organizaciones no son las correspondientes a la resolución de conflictos internos, sino que se han constituido como organizaciones civiles paralelas al gobierno que tienen a su cargo de las funciones de seguridad pública que corresponderían al Estado.

157.- (Los ciudadanos afectados por inseguridad) se encuentran en un estado de indefensión y de alta vulnerabilidad, no en razón de su condición de pertenencia a un grupo indígena, sino en razón de una claudicación de los gobiernos estatal y municipales en cumplir sus tareas y funciones de seguridad pública de una manera adecuada (…) La conformación de estos grupos para llenar un vacío o una función estatal no forma parte de la autodeterminación indígena.

163.- En otras palabras, estos grupos (policías comunitarias o de autodefensa) han surgido ante una falla estructural del gobierno del estado de Guerrero en el cumplimiento de una de sus funciones esenciales, que es indispensable que vuelva a ejercer plenamente, pues es indelegable a cualquier grupo o comunidad.

La CNDH puso el dedo en la llaga: las autodefensas o las policías comunitarias revelan el fracaso del Estado y de gobiernos estatales y municipales en la prestación del servicio de seguridad pública. De ahí la importancia de la recomendación de la CNDH al Senado para analizar la crisis en Guerrero por “el abandono en el ejercicio de las funciones en materia de seguridad pública y vigencia efectiva de los derechos humanos, que ha generado una afectación en la vida de los guerrerenses al impedir la plena aplicación del orden jurídico”.

Si los senadores saben leer en clave política, Guerrero es candidato a desaparición de poderes. Así de simple.