Como saben que no se pueden impugnar reformas constitucionales, varios intelectuales --algunos de ellos con premios nacionales-- acaban de inventar una nueva figura de “inconstitucionalidad”: el tiempo parlamentario. En su carta, los abajofirmantes consideran “inconstitucionales tales procedimientos”: el corto tiempo de debate y aprobación.

Al fin intelectuales, los abajofirmantes no tienen por qué saber de los procedimientos parlamentarios legales, por lo que convirtieron en delito “la irreflexiva aprobación de la reforma energética”, aunque se hubiera logrado la regla constitucional de mayoría calificada.

Para justificar su petición, los intelectuales --entre ellos, obviamente, simpatizantes y militantes del lopezobradorismo-- invocan el artículo 135 Constitucional, que a la letra dice: “la presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados”.

Hasta donde se tienen datos, legalmente se cumplieron esos requisitos. En todo caso, los abajofirmantes acuden a una decisión de la Corte de 2008 contra decretos promulgados en Colima en un “proceso sumario” en el que “los legisladores no tuvieron tiempo para su real revisión y análisis”. De ahí que la Corte pudiera establecer el criterio temporal mínimo en los congresos para revisar y aprobar reformas, aunque el legislativo podría hacer lo mismo con el judicial donde los tiempos son a veces más cortos y los ministros aprueban sin el tiempo necesario para la reflexión.

Entre los abajofirmantes se encuentran, por ejemplo, Luis Villoro, Sergio Pitol (que fue orador con Carlos Monsiváis en la campaña de López Obrador del 2012) y Lorenzo Meyer, un académico de El Colegio de México que participo en la redacción del proyecto alternativo de nación de López Obrador en el 2012, además de algunos colaboradores de La Jornada.

Lo interesante ha sido el involucramiento de intelectuales en cartas y en marchas contra la reforma energética. Pero demasiado tarde. Para el general Lázaro Cárdenas, los intelectuales eran factor para la defensa de los programas revolucionarios. En marzo de 1961, en una conferencia en la Universidad Obrera, Cárdenas explicó por qué dejó como sucesor al conservador Ávila Camacho: “había problemas de carácter internacional que impedía (escoger al general Francisco J. Mújica), y también porque creí que los elementos intelectuales actuarían”.

De 1979 en que se instaló el proceso de reforma neoliberal al proyecto nacional de la Revolución Mexicana a la reforma energética de 2013, los “elementos intelectuales” cardenistas nunca aparecieron para defender el proyecto revolucionario cardenista, inclusive ni cuando se privatizó el ejido, se anuló al Estado y se liquidó la reforma agraria. De hecho, ningún intelectual salió a defender el cardenismo.

En todo caso, los intelectuales cardenistas o nacionalistas han servido sólo para atestiguar la victoria del modelo neoliberal, como lo explicó, con pesimismo, Lorenzo Meyer en su “Parte de novedades” al general Cárdenas publicado en marzo de 1991 y recogido en La segunda muerte de la Revolución Mexicana.

A esos cardenistas invisibles se dirigió José Revueltas en 1958 cuando escribió en México: una democracia bárbara”: “los cardenistas, esa iglesia sin Papa”.