Rico en recursos naturales, con un puerto de extraordinarias funciones empresariales y tradiciones históricas turísticas como pocos, Michoacán está descubriendo cada día que el crimen organizado no sólo aumento su presencia sino que se metió no sólo en el cuerpo óseo del Estado sino hasta la médula.

¿Dónde anduvo la autoridad perredista en los diez años? ¿Hasta qué punto la enfermedad misteriosa del gobernador Fausto Vallejo y su alejamiento del poder por una licencia de salud contribuyeron a permitir que los criminales profundizaran su control de las estructuras de poder?

El asunto tiene aún más hilos enredados. En el 2007 el presidente Calderón inició en Michoacán su guerra contra el crimen organizado y los cárteles del narcotráfico con la presencia no sólo de fuerzas federales sino de los organismos de inteligencia, pero resultó que siete años después se siguen acumulando datos de la penetración impresionante de las bandas no sólo en estructuras e instancias políticas, de gobierno y empresariales sino sociales.

La nueva estrategia del gobierno del presidente Peña Nieto se realizó sin un diagnóstico de lo que falló en el pasado y sin una anatomía del poder político, social, empresarial y obviamente criminal de las bandas de delincuentes. Y justo en uno de los momentos de definiciones de la nueva estrategia y de la articulación de tareas del comisionado civil federal, el secretario del consejo de seguridad pública y por tanto jefe policiaco máximo, Manuel Mondragón, decidió renunciar.

En el escenario de seguridad podría también incluirse el arresto del secretario de finanzas de los gobiernos de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy --los diez años del perredismo-- por irregularidades en cobro de comisiones. En el fondo, se trató de un suceso político mucho más allá del asunto de dineros y metido en la crisis de seguridad que padeció Michoacán por la tibieza de los gobiernos perredistas por el argumento de que la izquierda no reprime ni a los delincuentes. Y en un escenario analítico mayor, lo del tesorero también debe de correlacionarse con las acusaciones y la orden de aprehensión contra el medio hermano de Leonel Godoy, Julio César Godoy, por sus relaciones peligrosas con Servando Gómez La Tuta, jefe de la Familia Michoacana y de Los Templarios.

Lo malo de Michoacán fue que ocurrió después de la crisis en Tamaulipas, Ciudad Juárez, Guadalajara y Sinaloa; es decir, que Michoacán fue un caso típico de falla de la estrategia de seguridad porque la exhibió como una estrategia sin inteligencia, sin análisis integral de la república, sin evaluación de saldos y sólo aplicada a zonas determinadas.

La inseguridad, a pesar de tener manifestaciones locales, tiene una serie de elementos comunes que ocurren en cualquier plaza, desde la lucha de grupos por el control de territorios hasta alianzas entre algunas bandas, pasando por los delitos colaterales a los propiamente del narcotráfico. Ahí es donde debieron de profundizar sus evaluaciones los organismos de inteligencia del área de la seguridad pública, pero precisamente ahí fue donde no se preocuparon.

Por eso el país se enfrenta a la misma violencia en una plaza y en otra y con diferentes bandas criminales y aún con diversas prácticas delincuenciales. La percepción integral de la delincuencia podría llevar a las autoridades a definir estrategias también integrales que permitan una mejor coordinación entre todos los organismos policiacos y de seguridad. La falla en la estrategia radica, pues, en la ausencia de una verdadera inteligencia sobre asuntos criminales.

La presencia de un comisionado civil federal en Michoacán podría ayudar a centralizar las cosas, pero en el fondo la crisis en esa entidad de la república requiere más bien de una reorganización de tareas de los organismos de inteligencia de las diferentes corporaciones que tienen presencia. Y asimismo, de una redefinición de la inteligencia misma porque la inteligencia no es otra cosa que la recopilación de información sobre un suceso y su procesamiento en función de las diferentes categorías de los delitos y la seguridad. En Michoacán no sólo hay una mayor presencia de bandas criminales, sino una articulación del crimen organizado en la vida institucional, política, gubernamental, productiva y social. Es decir, las bandas se metieron hasta el corazón de la sociedad.

Michoacán necesita un corte de caja, una evaluación de crisis-programas-resultados y la toma de decisiones de fondo y de alto nivel para reconstruir su viabilidad como estado libre y soberano. Por ello urge de nueva cuenta un verdadero diagnóstico de la crisis, un análisis de los resultados reales obtenidos hasta ahora y el replanteamiento de los objetivos. Y tener la capacidad de decisión para una renovación de autoridades que han permitido que las cosas sigan mal, con algunos ajustes penales de cuentas hacia atrás no sólo fugaces y sólo de presunta corrupción en contratos sino de fracaso de funcionarios que no supieron cumplir con su tarea.

Si no se va a fondo, Michoacán carecerá de solución y la inseguridad, la criminalidad y la crisis social seguirá deteriorando la existencia del Estado hasta el nivel de convertirlo en un Estado no viable.