El citatorio engañoso al secretario de gobierno de Michoacán, Jesús Reyna, fue en realidad una orden de arresto. Y si bien hay una investigación, lo más delicado del asunto es que toda su gestión de gobernador interino y luego de secretario de gobierno contaminó al gobierno estatal.
Como siempre ocurre en hechos con repercusiones políticas, la autoridad penal se dedica a dar certificados de inocencia. Lo hizo con el gobernador Fausto Vallejo, quien tenía a Reyna como su segundo de abordo, su operador y sobre todo su hombre de confianza porque lo dejó de interino y luego le entregó el manejo político del gobierno estatal.
El arresto de Reyna dejó aún más débil al gobernador Vallejo, de por sí con señalamientos no probados de vinculaciones con el crimen organizado. Además de indagar los datos que llevaron a la autoridad a probar vinculaciones de Reyna con el crimen organizado, la PGR estaría obligada también a revisar minuciosamente todas las decisiones que tomó en el palacio de gobierno de Morelia: como gobernador interino del 23 de abril al 23 de octubre del 2013 y desde entonces como secretario de gobierno.
Reyna no fue un funcionario cualquiera. Le tocó lidiar con la enfermedad de Vallejo y construir el gobierno de alternancia después de diez años de dominio perredista, justo en la fase del recrudecimiento de la violencia criminal y durante el surgimiento de las autodefensas como guardia alternativa en la lucha contra los delincuentes. Ahí fue donde, señalan los datos oficiales filtrados, Reyna pactó con los delincuentes.
Michoacán ha sido un estado fallido. Los diez años de perredismo no pudieron construir nuevas relaciones sociales y el crimen organizado se asentó tranquilamente en la entidad, al grado de que el medio hermano del entonces gobernador Leonel Godoy está fugitivo por una orden de aprehensión en su contra por vínculos con el crimen organizado.
Vallejo ganó las elecciones en el 2011 y tomó posesión en febrero de 2012 pero se vio obligado a solicitar licencia en abril por enfermedad; lo sustituyó su secretario de gobierno Jesús Reyna, quien ascendió a gobernador interino y luego regreso al segundo nivel tras el regreso de Vallejo. En poco más de dos años, Michoacán ha carecido de un gobierno estatal estable, fuerte y dinámico, al grado de que en enero de 2014, a dos años de inicio del gobierno de Vallejo, la Secretaría de Gobernación nombró a un comisionado federal con facultades de decisión policía estatal por encima del gobernador.
Michoacán ha querido ser arreglado con parches, aunque en su descomposición hay elementos para una reorganización total. La enfermedad del gobernador lo debió obligar a solicitar licencia, pero Vallejo probó que el poder es un antiviral efectivo. Sin embargo, el asunto no es ir todos los días a trabajar sino ejercer el poder con firmeza y dirección. Con los perredistas y ahora con Vallejo Michoacán anda dando tumbos políticos sin sentido.
A partir de la dimensión del conflicto, Michoacán podría ser el laboratorio de una redefinición de la política frente a acontecimientos de descomposición generalizada del Estado. Los tejidos políticos y sociales se rompieron con el estilo perredista de tolerar desviaciones en aras de la conquista de nuevos espacios democráticos. El crimen organizado no sólo se metió en la sociedad sino que se convirtió en parte estructural del Estado y de sus instituciones e inclusive se empresarizó en áreas dominadas por el uso de la fuerza.
Si se le prueban a Reyna sus relaciones, entonces se explicarían las razones del avance y profundización del crimen organizado en la entidad y se podrían tomar las decisiones de autoridad para recuperar la hegemonía del Estado. Pero las medidas de reinstalación del Estado tienen que pasar por la separación del gobierno de Fausto Vallejo, cuya enfermedad y abandono del gobierno dejaron al gobierno estatal al garete. Todavía no se tiene un análisis de todas las decisiones que tomó Reyna como para saber si hubo algunas para favorecer al crimen organizado.
El arraigo de Reyna, asimismo, se ha convertido en un problema para el PRI. Hasta ahora, el gobierno federal priísta tenía todos los elementos para culpar de la crisis a los gobiernos perredistas anteriores, al grado inclusive de que arrestaron a Humberto Suárez, tesorero de los gobernadores Lázaro Cárdenas y Leonel Godoy. Lo grave para el PRI es que ningún alto funcionario de los gobiernos perredistas pudo ser acusado de relaciones con el crimen organizado. El PRI tiene mucho que explicar.
El espacio mediático en torno al arresto de Reyna se convirtió ya en una sentencia contra el ex funcionario; si al final no le prueban señalamientos, la autoridad quedará exhibida en el escándalo. De ahí que el procesamiento del secretario de gobierno y la contaminación de las tareas del gobernador Vallejo podrían considerarse como un michoacanazo. Y la autoridad federal está obligada a ir más al fondo del caso Reyna porque al final de cuentas el secretario de gobierno era cabeza de un grupo político que convirtió la oportunidad política en una alianza con bandas del crimen organizado.
@carlosramirezh
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