Los asesinatos de Judith Coatl Cuaya y Karla López Albert son muertes paralelas que tienen como punto en común la negligencia de la Procuraduría General de Justicia para actuar ante el señalamiento directo de los familiares acerca de los principales sospechosos. En ambos casos, fueron asesinadas por un hombre cercano a ellas y con quien salieron por última vez, hecho conocido oportunamente por la PGJ y minimizado por las autoridades ministeriales aduciendo argumentos misóginos de que “ya eran mayorcitas para saber con quién irse”.

La intensa presión mediática, sin embargo, provocó que el sospechoso del homicidio de Karla López Albert, Manuel Forcelledo Nader, fuera arraigado una semana después de la desaparición de Karla. En el caso de la psicóloga de 27 años de edad, la PGJ tardó cuatro meses en detener al principal sospechoso, Eduardo Limón Medina y/o Gerardo Juárez Sánchez, un vecino de la junta auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo, perteneciente al municipio de San Andrés Cholula, a quien los parientes de la víctima desde un inicio señalaron como principal sospechoso, misma conclusión a la que llegó meses después la procuraduría.

Durante los más de tres meses que la Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto (DGADAI) tardó en las investigaciones, se pudo haber evitado el asesinato de otra mujer en manos de Eduardo Limón Medina y/o Gerardo Juárez Sánchez, la de Laura León Ortega, originaria de Acajete, quien tras ser invitada a una cabaña en Tlaxcala por él, fue asesinada y enterrada en el mismo lugar.

Según el titular del área, Fernando Rosales Solís, Eduardo Limón Medina y/o Gerardo Juárez Sánchez aplicó la misma técnica con Coatl Cuaya y con León Ortega: las invitó a salir para matarlas el mismo día y después fingir un secuestro para exigir un rescate a los familiares.

Sólo que en el caso de Judith fue frustrado, pues la mamá de la joven acudió el día siguiente a su domicilio para reclamarle sobre el paradero de su hija ya que sabía que con la última persona con la que salió fue con él.

El caso de López Albert se resolvió en menos tiempo, 41 días después que fue reportada como perdida la PGJ determinó que el autor material e intelectual había sido quien fuera en ese entonces su pareja sentimental y padre del hijo que esperaba, Manuel Forcelledo Nader, que ya enfrenta el delito de feminicidio en el penal de San Pedro Cholula.

Asesinadas por el mismo albañil

Judith y Laura perdieron la vida en manos de quien tiene el oficio de albañil. El cadáver de la primera siempre estuvo cerca de su comunidad, en un pozo en San Bernardino Tlaxcalancingo de donde fue rescatado la semana pasada y enterrada este fin de semana.

Por este hecho quedaron a disposición del juez tanto Eduardo Limón Medina y/o Gerardo Juárez como Cristian Quechol Díaz, de 22 años de edad, también originario de San Andrés Cholula.

Según las declaraciones del autor material e intelectual, al gozar de la confianza Judith por ser vecinos de la misma localidad, en la noche del 20 de marzo alrededor de las 23 horas la invitó a un bar en el mismo municipio y ya pasadas las 3 de la mañana del 21 de marzo salieron y fueron en búsqueda de Cristian Quechol Díaz, con quien ejecutó el plan de asesinarla y enterrarla en un pozo de más de 22 metros de profundidad.

En tanto, en relación a la desaparición de Laura León Ortega, refirió en su declaración ministerial que sostenía una relación sentimental con ella, sin embargo, había planeado privarla de la vida para después simular su secuestro, por lo que el 24 de junio —después de que había matado a Judith— la invitó a pasar unos días a unas cabañas en Ixtenco, Tlaxcala, en donde la privó de la vida enterrando su cuerpo a las afueras, comenzando la negociación del rescate al día siguiente.