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“Son más de 22 mil 600 los casos de personas desaparecidas o en paradero desconocido que se han dado en México en los últimos 20 años. Al mismo tiempo, miles de personas esperan angustiadas y aturdidas, sin saber a ciencia cierta qué les ha ocurrido a sus seres queridos. Las recomendaciones del gobierno mexicano no pueden ser simples palabras huecas, sino que deben dar lugar a un cambio tangible y urgente en las políticas y las leyes para abordar esta situación crónica. Es hora de que las autoridades respondan a esta tragedia”, dijo Erika Guevara Rosas, directora del Programa de Amnistía Internacional para América.
Esta mañana, la ONU dio a conocer sus conclusiones tras el examen al que se sometió México, los días 2 y 3 de este mes. El Comité refirió que las desapariciones forzadas en México son generalizadas y la mayoría de ellas quedan impunes.
“Cuantas desapariciones forzadas hay no lo sabemos porque el Estado no ha proporcionado la cifra, pero sabemos que son muchas, demasiadas”, sentenció en rueda de prensa Rainer Huhle, miembro del Comité y relator sobre el caso de México.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU dijo que “la información recibida ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio de México, muchas de las cuales “podrían calificarse como desapariciones forzadas”.
“El grave caso de los 43 estudiantes sometidos a desaparición forzada en septiembre de 2014 en el estado de Guerrero ilustra los graves desafíos que enfrenta México en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de las personas desaparecidas”, concluyó.
Al respecto, Amnistía recordó que casi el 50 por ciento de las 22 mil 600 desapariciones se produjeron entre 2012 y 2014, con el actual gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.
“Entre los familiares de personas desaparecidas que hablaron al Comité de la angustia de haber perdido a un ser querido y de su indignación por los intentos del gobierno de cerrar prematuramente las investigaciones figuraban parientes de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos”, dijo Amnistía.
Indicó que en la información que presentó al Comité, puso de manifiesto el gran problema de la impunidad y de la falta de investigaciones adecuadas, la necesidad de contar con bases de datos exhaustivas y protocolos de búsqueda de las personas desaparecidas y la escasa atención prestada a las víctimas, incluida la falta de reparación adecuada.
Esta mañana, el Comité de la ONU dijo que hay serias dificultades en la práctica en materia de búsqueda de personas desaparecidas e identificación de restos “y, en particular, que la búsqueda de las personas desaparecidas no siempre se inicia de forma inmediata”.
“Sorprende la falta de unidades científicas y forenses para buscar a los desaparecidos”, dijo Luciano Hazan, el segundo de los relatores. Otra de las recomendaciones, dijo, “alienta enérgicamente” a México a reconocer la competencia del Comité para recibir y examinar denuncias presentadas por individuos.
El documento también sugiere “la necesidad de adoptar medidas para asegurar que, tanto a nivel federal como estatal, la legislación y la práctica se ajusten plenamente a las obligaciones consagradas en la Convención”, dado que no todos los estados la incluyen en su normativa.
Finalmente, los expertos del Comité de la ONU solicitan, además, que la legislación prevea específicamente la responsabilidad penal de los superiores jerárquicos.
