Los republicanos no se tardaron en reaccionar al anuncio de un juez federal de Texas sobre la suspensión temporal de las medidas ejecutivas migratorias anunciadas en noviembre por el presidente de EEUU, Barack Obama, que buscan regularizar a más de cinco millones de indocumentados y que fue demandada por Texas y otros 25 estados: "El juez está de acuerdo con estos estados, la amnistía del presidente Obama es ilegal", explicó Ken Paxton, el procurador general de Texas.

El juez que instruye la causa de una demanda presentada por 26 estados contra las medidas ejecutivas de Obama, Andrew Scott Hanen, decidió que el presidente debe suspender "temporalmente" la implementación de su decreto, según el fallo.

"La Cámara de Representantes ha actuado para el DHS y es hora de que nuestros colegas en el Senado hagan lo mismo", dijo la republicana Ann Wagner.

Ted Cruz señaló "la responsabilidad de los demócratas para bloquear los fondos del DHS para proteger la amnistía de Obama que un juez ha declarado ilegal", escribió mediante su cuenta de Twitter.

"Este es un primer paso crucial para frenar el desafuero del presidente Obama", agregó

El gobernador de Texas, Greg Abbott, fue uno de los más alusivos al hablar sobre la decisión del juez Andrew Scott Hanen.

"Se detiene justamente la extralimitación del presidente en sus pistas", fue una de sus primeras frases.

Luego agregó: "La decisión del juez Hanen detiene radicalmente las extralimitaciones del presidente en su camino (...) Vivimos en una nación gobernada por un sistema de equilibrios y controles, y el intento del presidente de pasar por encima de la voluntad del pueblo estadounidense fue hoy controlada", dijo Greg Abbott en una declaración.

Abbott considera que las medidas ejecutivas, lejos de beneficiar a la nación, conllevarán más "inmigración ilegal" y más inseguridad en la frontera.

Liderados por Abbott, Texas y otros 25 estados habían argumentado que obama esquivó inconstitucionalmente al Congreso cuando tomó la acción ejecutiva en noviembre pasado para proteger de la deportación hasta a 5 millones de inmigrantes en el país.

Ese número incluye un estimado de 170 mil en el condado de Harris, cerca de un tercio de todos estos inmigrantes en la región y más de medio millón en otras partes de Texas, de acuerdo con un análisis de los datos del Censo de Estados Unidos.

Los estados han argumentado que tendrán que pagar los costos de la prestación de servicios a los que están ahí de manera ilegal.

Por su parte, John Boehner, el líder de la Cámara de Representantes, dijo que por lo menos las últimas 22 veces, no se tiene la autoridad para hacer lo que Obama hizo en materia de inmigración.

"No es de extrañar que por lo menos un tribunal está de acuerdo", fueron sus primeras palabras de reacción.

La decisión de hoy del juez Hanen, quien fue propuesto para el puesto en 2002 por el expresidente George W. Bush, es vista como un indicio de que a la postre podría inclinarse definitivamente a favor de los demandantes y fallar en contra de las medidas ejecutivas.

Se espera que el Gobierno de Obama recurra a esta decisión ante el tribunal de apelaciones correspondiente a la zona, con sede en Nueva Orleans, para intentar que no afecte el comienzo de la aplicación de sus medidas ejecutivas, como tenía programado, a partir de este miércoles.

La decisión del juez responde a una demanda liderada por Texas y presentada el pasado 3 de diciembre por una coalición de diecisiete estados, a los que se le han ido sumando otros hasta sumar un total de 26, uno más que la mitad de los 50 que integran la nación, que consideran que el presidente se extralimitó en sus poderes.

Se trata de Alabama, Arizona, Arkansas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Luisiana, Maine, Michigan, Misisipi, Montana, Nebraska, Nevada, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Utah, Virginia Occidental y Wisconsin, además de Texas.

La gran mayoría de estos estados están en manos de los republicanos, que se oponen a la acción ejecutiva y también protagonizan un movimiento en el Congreso destinado a bloquearla dejando sin presupuesto al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la agencia encargada de su implementación.

Los fondos para financiar el DHS, una institución cuyas competencias además de inmigración incluyen terrorismo o ciberseguridad, se agotarán el próximo 27 de febrero en caso de que lo congresistas no lleguen antes a un acuerdo.

Los estados demandantes consideran que con sus medidas ejecutivas Obama "viola la Constitución de los Estados Unidos y la ley federal, elude la voluntad del pueblo estadounidense y afrenta a las familias y personas que siguen la leyes para migrar legalmente".

Frente a esto, otra coalición, esta vez integrada por doce estados y el Distrito de Columbia, anunció que defenderá las medidas ejecutivas migratorias del presidente, al argumentar que, lejos de suponer una carga, las medidas son beneficiosas al "aumentar sus ingresos" y "reducir la demanda de servicios sociales".

Los doce estados (California, Connecticut, Hawai, Illinois, Iowa, Maryland, Massachusetts, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Vermont y Washington) y el Distrito de Columbia se presentaron como "amicus curiae" (amigo de la corte) en el proceso contra las medidas que buscan regularizar a más de cinco millones de indocumentados.

Los defensores creen que las medidas benefician a los estados porque mejoran de la seguridad, mantienen unidas a las familias y ayuda a la economía, porque los inmigrantes trabajadores, que pagan sus impuestos, "pueden salir de la sombra", según el procurador general de Washington, Bob Ferguson, impulsor de la coalición.

Obama anunció el pasado 20 de noviembre un conjunto de medidas unilaterales para regularizar a más de cinco de los once millones de indocumentados que hay en el país, la mayoría padres con hijos que son ciudadanos o tienen residencia permanente.

Fuente: Univisión