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Los temores, que ahora están más latentes en la población, son debido a la falta de garantías para obtener la ciudadanía en el país, la posibilidad de que un nuevo jefe de Estado revierta los beneficios de la acción, o que se haga efectiva una sentencia judicial en su contra.
Según el testimonio de una mujer que dejó Ciudad Juárez, México, y llegó al estado de Texas, antes de la decisión del Presidente era consciente de que tenía que cuidarse de la deportación pero ahora con los datos que se exigen para tener una residencia legal, el panorama se vuelve incierto.
La Casa Blanca ha reconocido que tiene un desafío para lograr que indocumentados latinoamericanos accedan a entregar sus datos personales y tengan la suficiente confianza para postularse.
"La pregunta real es cómo hacemos para que se registren suficientes personas y no sean sólo unos cuantos en unas cuantas esquinas alrededor del país", indicó Obama.
Obama anunció que apelará la decisión del juez federal de Texas, y afirmó que este programa migratorio será respetado por el sucesor que llegue a la presidencia en 2017.
¿Qué podrá pasar en el Tribunal?
El próximo 27 de febrero tanto los demandantes (los 26 estados contra el alivio migratorio liderados por Texas) como el demandado (la Administración del Barack Obama) tendrán que presentar pruebas. Todo esto hace parte de un juicio.
Según el sitio web de America´s Voice, si los demandantes no pueden argumentar que la acción ejecutiva afecta específicamente a sus territorios, la acusación no será válida.
Pero si el juez cree que la demanda tiene validez, se presentarían estas tres opciones para que la acción siga en píe de alguna manera:
-Negar la moción de una medida cautelar, que admitiría que se efectúe la acción ejecutiva.
-Otorgar una medida cautelar y por tanto se frenaría el alivio migratorio.
-Permitir una medida cautelar únicamente en los estados que han demandado.