Sin dar a conocer nombres ni los delitos por los que se les acusa, el gobierno del estado confirmó la detención de once personas; seis policías y cinco civiles de un total de 12 órdenes de aprehensión que solicitó en contra de presuntos responsables por el enfrentamiento del pasado 9 de julio entre granaderos y pobladores de San Bernardino Chalchihuapan.

En un comunicado de prensa, la administración de Rafael Moreno Valle también aseguró que ayer realizó un evento en donde se informó de qué forma se ha estado cumpliendo con las recomendaciones hechas por la CNDH el pasado 11 de septiembre por violaciones graves a los derechos humanos de pobladores, día en el que el organismo también determinó que fue algún policía quien hirió al niño José Lusi Tehuatlie quien perdió la vida diez días después.

Sin embargo, el acto no fue público para los medios de comunicación. José Montiel, Consejero Jurídico del Ejecutivo del Estado fue quien ofreció una disculpa pública a todas las víctimas que vieron vulnerados sus derechos, según el comunicado.

También se recordó que se creó la Fiscalía especial de investigación para el caso de San Bernardino Chalchihuapan y como titular de dicha fiscalía se nombró a José Antonio Pérez Bravo.

Capacitación

De igual forma, se indicó que se brindará capacitación en Derechos Humanos a todos los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley en el Estado, haciendo especial énfasis en el uso legítimo de la fuerza pública.

La Secretaría de la Contraloría también inició los procedimientos de responsabilidad y dio trámite y seguimiento a las quejas y denuncias presentadas por la CNDH en contra de los Servidores Públicos responsables. Con motivo de dichos procedimientos, la Contraloría determinó sancionar al Secretario de Seguridad Pública con una amonestación y una multa.

“Por otra parte, esta misma dependencia, determinó la destitución del cargo y sanciones económicas para la Subsecretaria de Coordinación y Operación Policial y a dos mandos operativos”.

Asimismo, se destituyó e inhabilitó hasta por 4 años a 6 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública responsables en el operativo del 9 de julio.