Un grupo de 20 policías encubiertos desalojaron la madrugada de este lunes el campamento que desde hace mes y medio instaló el Movimiento de Alternativa Social (MAS) en el zócalo capitalino, en protesta por el encarcelamiento de más de 40 presos políticos que fueron arrestados por oponerse a los proyectos del gobierno estatal.

Así lo denunciaron los líderes del MAS, Marco Mazatle Rojas y Ricardo Jiménez Ávila, quienes culparon directamente al Ayuntamiento de Puebla de un violento desalojo en el que fueron lesionados tres integrantes que resguardaban el campamento durante la madrugada de este lunes.

De acuerdo con los opositores, fue alrededor de la una de la mañana cuando un grupo de 20 policías vestidos de civil, arribaron con lujo de violencia al campamento del zócalo para desmantelarlo y lesionar a Arnulfo Hernández y José Sánchez, quien junto con otra persona resguardaban el campamento instalado a inicios de octubre.

Acusaron a la Secretaría de Gobernación municipal de organizar el violento desalojo, pues describió que los 20 elementos portaban botas y corte de cabello militar, mientras que policías municipales que apreciaron la represión no intervinieron para ayudarlos pese a que los ciudadanos fueron golpeados por los agresores.

Cabe mencionar que una semana antes, los integrantes del MAS denunciaron al secretario de Gobernación municipal, Guillermo Aréchiga Santamaría, de amenazarlos con retirarlos a la fuerza, luego de que los invitó a dejar el campamento con el argumento de que afectaban la imagen urbana del zócalo.

Por ello Jiménez Ávila adelantó que ya solicitó una cita con la Procuraduría General de la República (PGR) para llevar el caso de represión ante instancias federales, pues lamentó que en Puebla no existan garantías para la protesta pacífica de los opositores al gobierno del estado.

Horas después del desalojo, el gobierno municipal, a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMACP) instaló una exposición cultural denominada Puebla en 100 palabras, misma que ahora ocupa el lugar que tenían los manifestantes desde el pasado 4 de octubre.