Los representantes sociales de los defraudados por las casas de inversión Sitma e Invergroup en el 2009, propiedad de Leonardo y Edmundo Tiro Moranchel, acordaron con la Procuraduría General de Justicia (PGJ) una mesa de trabajo para recibir la orientación que deben de seguir en los casos que aún siguen vigentes, además de que se establecieron canales directos de comunicación entre la autoridad y los agraviados para evitar que se tergiverse la información.

En tanto, en entrevista por separado el titular de la PGJ, Víctor Carrancá Bourget, aclaró que los bienes que fueron confiscados a Tiro Moranchel no pueden ser vendidos hasta que exista una sentencia definitiva de los jueces o un arreglo judicial, esto ya que los afectados exigen que se les indemnice de inmediato mediante lo obtenido por dichas propiedades.

A pesar de que los inconformes buscaban reunirse con el procurador, finalmente tuvieron que conformarse con ser atendidos por Octaviano Escandón Báez a quien identificaron como el encargado del área Metropolitana Sur.

En una reunión que duró más de una hora en las instalaciones de la PGJ, se logró agendar una segunda junta de trabajo para el viernes y en la cual se definirá la fecha de la primera mesa de trabajo que de acuerdo con lo declarado por Alfredo Sánchez Fuentes, presidente de la Alianza Única de Defraudados, posiblemente se realizará hasta la segunda quincena de enero.

Además del trabajo de escritorio que realizarán con la participación de Elide Meriggi Pérez, fiscal del Ministerio Público en Delitos Financieros, la PGJ se comprometió a emitir un desplegado en el cual comuniquen a todos los defraudados que la dependencia no avala arreglos privados entre acreedores y representantes jurídicos de la familia Moranchel, ya que según los afectados hay personas que sí accedieron a otorgar el perdón y tampoco se les pagó.

Por su parte, Carrancá Bourget excusó la demora del proceso que inició en 2009 cuando miles de socios fueron defraudados por casi 400 millones de pesos, debido a que el proceso penal de Leonardo Tiro Moranchel se lleva bajo el proceso penal tradicional, no obstante, se mostró la disposición que existe por solucionar el caso.

Cabe señalar que los inconformes llegaron a las oficinas de la procuraduría luego de realizar una marcha que partió después de las 10 de la mañana del zócalo, misma en la que participaron muchos de los defraudados, principalmente personas de la tercera edad y algunos discapacitados apoyados con bastones y andaderas.