El feminicidio de Karla López Albert a manos de Manuel Forcelledo Nader y sus tres cómplices, a un año de distancia, todavía permanece impune una vez que el Juzgado Penal de Cholula no ha dictado sentencia por los diversos delitos cometidos desde que arrancó la pesadilla de la egresada de la Universidad Iberoamericana y que tenía un embarazo de cinco meses.
El caso que consternó a la opinión pública poblana se encuentra “empantanado” debido a que Forcelledo Nader y sus cómplices combaten el auto de formal prisión y los elementos probatorios recabados por la Procuraduría General de Justicia para eludir su responsabilidad por el homicidio materializado el 30 de enero de 2014 y cuyo cadáver fue descubierto el 2 de febrero en un paraje de la delegación Tláhuac del Distrito Federal.
Según los abogados de la madre de la víctima, María Esperanza Albert Razo, el proceso podría durar durante todo este 2015, “porque estos delincuentes están agotando todas las vías para evitar una sentencia, son muchos los delitos en este caso y es por eso que no se está agilizando”, comentó la señora en entrevista telefónica.
Explicó que tanto Forcelledo Nader, señalado por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) como el autor intelectual y material del crimen –debido a que se negaba a hacerse responsable del hijo de cinco meses que esperaba Karla– y consignado por los delitos de feminicidio, intento de aborto, entre otros, así como Rodrigo Augusto Solís Cano, Moisés Cordero Hernández y Leopoldo Camacho Vázquez tienen un amparo de revisión ante el Tercer Tribunal Colegiado.
Inculpados demandan que la SCJN revise el caso
Aunado a ello, sus abogados presentaron una solicitud de atracción del caso a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el fin de que estudie el auto de formal prisión, específicamente piden que sea Ministro Alfredo GutiérrezOrtiz Mena quien intervenga “pero hasta el momento no ha dicho si sí o no por eso estaremos en espera de la resolución. Estamos muy al pendientes del proceso”, informó Albert Razo.
El 15 de marzo del 2014, la PGJ informó que consiguió el auto de formal prisión contra Forcelledo Nader, alias ‘El Many’, de 28 años de edad; Rodrigo Augusto Solís Cano, alias ‘El Roko’, de 32 años de edad, y Moisés Cordero Hernández, alias ‘El Moy’, de 42 años de edad, por los delitos de feminicidio y otros.
Mientras que a Leopoldo Camacho Vázquez, de 37 años, se le dictó auto de formal prisión por el delito de falsedad de declaraciones, que según las investigaciones, su intervención en los hechos tuvo que ver con la compra del chip que utilizó Forcelledo para planear el feminicidio, y pese que sus familiares realizaron múltiples manifestaciones para exigir su liberación, aún continúa preso.
La madre de Karla recordó que los delitos de feminicidio e intento de aborto son considerados delitos graves por lo que espera que estos no sean incluidos en la revisión, aunque admitió que el resto de los delitos cometidos en el caso como robo de vehículo puedan volver a ser analizados. El delito de feminicidio quedó tipificado en noviembre de 2012 en Puebla como grave, el cual establece penas de 30 a 50 años de prisión.
Un feminicidio planeado
Según los resultados de las 500 diligencias que aseguró en su momento la PGJ haber realizado, entre testimonios, vínculos telefónicos, dictámenes informáticos, periciales en genética, criminalística, psicología, criminología, poligrafía, reportes policiales y de análisis de información, cateos y colaboraciones con el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) –dependencia de la PGR–, el feminicidio de Karla lo planeó Forcelledo entre el 8 y 19 de enero con la ayuda de Solís Cano.
El principal cómplice recibió un primer pago de 7 mil pesos por sus servicios, y también participó de manera directa en el ataque contra López Albert, específicamente sometiéndola y golpeándola junto con Forcelledo.
El tercer sujeto, Moisés, fue el encargado de estrangularla con un lazo de rafia, una vez que los dos primeros la habían dejado inconsciente tras los golpes. En tanto, Rodrigo estuvo a cargo de trasladar el cadáver a la Ciudad de México y lo mantuvo dos días en la cajuela del automóvil de la mujer, para después tirarla en un paraje de la delegación Tláhuac, en donde finalmente fue hallada muerta junto a su hijo de cinco meses el 2 de febrero del año pasado.
El cuarto implicado, Leopoldo Camacho Vázquez, fue quien compró el chip telefónico que utilizó Forcelledo durante la etapa de planeación, móvil que fue dado de alta a su nombre el 13 de enero.
