Respaldado por los 54 integrantes de la bancada, incluidas Blanca Alcalá y Lucero Saldaña, el grupo parlamentario del PRI en el Senado acusó al gobernador Rafael Moreno Valle de ser el responsable de la muerte de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, debido a la implementación de una “política criminal en el estado”, por lo que exhortó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a realizar una investigación imparcial.

La bancada de senadores del tricolor, encabezada por Emilio Gamboa, presentó un punto de acuerdo para exigir a la CNDH que investigue los hechos del 9 de julio en el enfrentamiento entre pobladores y policías estatales y que la PGR acelere las indagatorias en torno al comportamiento de los uniformados en el operativo.

De acuerdo al documento enlistado en la sesión de la Comisión Permanente y que está incluido en la Gaceta Parlamentaria, los priistas afirmaron que la #LeyBala establece estándares arbitrarios y contrarios a los derechos humanos.

Por ello, aunque Moreno Valle ha señalado que la herida del menor fue ocasionada por el impacto de un cohetón que arrojaron los propios pobladores que se manifestaban, los senadores acusaron que su muerte es producto de una política criminal que implementa el morenovallismo en la entidad.

“Aunque el gobernador de la entidad ha manifestado que el deceso fue causado por un cohete utilizado por los propios manifestantes y no por un proyectil como los testigos y la madre del menor afirman, la realidad es que el menor de tan sólo 13 años, murió a causa de la política criminal implementada por el gobernador, Rafael Moreno Valle Rosas”.

En el operativo del 9 de julio para desalojar a los inconformes de Chalchihuapan, hubo exceso en la actuación de los policías, de acuerdo al punto de acuerdo, por lo que debe ser investigado sin la injerencia de Moreno Valle y entregar los resultados a la brevedad.

“A simple vista y a reserva de que se lleven a cabo las investigaciones conducentes, queda de manifiesto el menoscabo de derechos como a la libertad de expresión y a la vida, ambos de primer nivel en la esfera jurídica de todo individuo”.

Ante este escenario, los priistas solicitaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos “para que en el ámbito de sus atribuciones realice las investigaciones correspondientes sobre la probable violación de Derechos Humanos por parte del gobierno del estado de Puebla durante las manifestaciones ocurridas el 9 de julio de 2014, en el municipio de San Bernardino Chalchihuapan”.

Además de que la Procuraduría General de Justicia “agilice las investigaciones correspondientes sobre la probable comisión de conductas antijurídicas por parte de elementos de la Policía estatal durante las manifestaciones ocurridas”.