Los despojos, abusos y saqueos, así como la explotación de tierras, de mujeres y hombres son datos significativos de la ausencia de una filosofía del derecho latinoamericana, pues la legislación y las instituciones jurídicas de los países de nuestra región han legitimado esas medidas, sustentadas en una filosofía del derecho europea y, últimamente, un derecho global proveniente de Estados Unidos de América que demuestran la lejanía y dificultad para conformar un pensamiento jurídico propio de nuestros países, pues generalmente las ideas y las teorías propias son frenadas por los intereses económicos de las corporaciones transnacionales que requieren de la explotación de los recursos naturales de Latinoamérica. Basta con citar al escritor uruguayo Eduardo Galeano en su emblemática obra ‘Las venas abiertas de América Latina’ como para conocer la explotación que se ha presentado sistemáticamente en América Latina, primero, por los europeos desde la conquista. Al respecto, qué mejor reseña de ese genocidio que la de fray Bartolomé de las Casas, que dicta: “… son tantos y tales los estragos y crueldades, matanzas y destrucciones, despoblaciones, robos, violencias y tiranías, y en tantos y tales reinos de la gran Tierra Firme, que todas las cosas que hemos dicho son nada en comparación de las que se hicieron” (De las Casas Bartolomé, “Brevísima relación de la destrucción de las indias”, Alianza, Madrid, 2014). Ya con las independencias la explotación fue por parte de los comerciantes y banqueros de Inglaterra, y desde luego con los Estados Unidos de América, pero ahora hasta por las naciones asiáticas, como es el caso de China, que ha invertido en los últimos años en países de América central para permitir la explotación de los recursos naturales.

Una forma más de excluir a la filosofía propia de Latinoamérica es particularmente por los intereses políticos norteamericanos, que pretenden mantener vigente la doctrina Monroe bajo la idea de que esta región corresponde hegemónicamente a los Estados Unidos, sobre todo con la presión que han tenido de que pudiera surgir “otra Cuba”, lo que ha provocado golpes de Estado provenientes de la CIA o de las embajadas de Estados Unidos, tal es el caso de Pinochet en Chile, muy similar a lo sucedido con la muerte de Getulio Vargas en Brasil, que incluso se suicidó siendo presidente de Brasil y dejó una carta póstuma (24 de agosto de 1954) que literalmente decía: “No me acusen, insulten; no me combatan, difamen; y no me den el derecho de defensa. Necesitan apagar mi voz e impedir mi acción, para que no continúe defendiendo, como siempre defendí, al pueblo y principalmente a los humildes. Sigo lo que el destino me ha impuesto. Después de décadas de dominio y privación de los grupos económicos y financieros internacionales, me hicieron jefe de una revolución que gané. Comencé el trabajo de liberación e instauré el régimen de libertad social… Vengo luchando mes a mes, día a día, hora a hora, resistiendo la represión constante, incesante, soportando todo en silencio, olvidando y renunciando a todo dentro de mí mismo, para defender al pueblo que ahora se queda desamparado. Nada más les puedo dar a no ser mi sangre”.

Desde luego que el Plan Cóndor en la década de los 70 en América del Sur es un ejemplo de esa hegemonía yanqui, así como lo fue la denominada Escuela de las Américas en Panamá, para capacitar en la década de los 80 a los ejércitos de los países de la región por parte de los militares norteamericanos, para combatir los pensamientos jurídicos y políticos que eran distintos; también lo son el Plan Colombia (1999) y, en México, el Plan Mérida (2008), ambos bajo la justificación de que las amenazas de la inseguridad pública repercuten en la implementación de excepciones en los derechos y principios básicos de un Estado de Derecho. Todos ellos son ejemplos claros de combatir e impedir a toda costa la posibilidad de un pensamiento jurídico diverso al ahora denominado global.

En tanto esto sucede, ¿qué ha ocurrido con la academia del derecho?, es decir, qué pasa con los profesores de derecho. La respuesta de los profesores Ugo Mattei y Laura Nader es: “Abogados y profesores de Derecho de América latina adquieren capital social en sus países de origen a través de doctorados en los EUA y conocimientos prácticos de lo jurídico… Nuevas actividades jurídicas están orientadas hacia los Estados Unidos al servicio de la economía neoliberal” (Mattei, Ugo y Nader, Laura, “Saqueo”, Palestra, Lima 2013). Pues bien, éstas son algunas de las razones por las cuales no se cuenta con una filosofía del derecho propia, por eso las voces que súbitamente han surgido actualmente, como las de Eugenio R. Zaffaroni y Boaventura de Sousa Santos, son una posibilidad que se abre para una propuesta de filosofía latinoamericana del derecho.