La desigualdad, la corrupción, el genocidio, el politicidio, la discriminación a los grupos indígenas, la explotación de los recursos naturales, la economía informal, el analfabetismo, la hambruna, la erosión de la tierra, el autoempleo, los productos piratas, el ambulantaje, la pobreza o precariado, la burocracia, la criminalización de la pobreza, la carcelización a la población civil y las muertes de mujeres son ejemplos de lo que debe afrontar el derecho en nuestros países, lo que debe de resolver, para lo cual no requiere de sistemas, teorías o legislación de otras latitudes, ni de más apoyos económicos para armamento, patrullas y grupos de inteligencia, porque los problemas europeos son diversos a los que nos corresponden. Por ello, resulta absurdo que se pretenda resolver las contingencias de América Latina con teorías alemanas o teorías que no se han puesto en marcha, como sucede con las que son desarrolladas en las universidades de Estados Unidos de América y que son puestas en práctica en nuestros países. Pero el principal problema de no contar con nuestra propia legislación y sobre todo con nuestro propio pensamiento jurídico es la gran división o desigualdad que se presenta entre la población; en palabras de Boaventura de Sousa Santos: “Somos una sociedad polarizada entre una pequeña sociedad civil doméstica, habituada al acceso fácil y privilegiado a las instituciones públicas y una basta sociedad civil ajena a la que las instituciones sirven mal y siempre selectiva, discrecional y distantemente” (De Sousa Santos, Boaventura, “Democracia al borde del caos”, Siglo XXI, Bogotá, 2014). Así, en tanto contamos con ciudadanos que gozan de la opulencia total que brindan el sistema y las instituciones gubernamentales y bancarias, otros son los que pagan esas opulencias sin que tengan la posibilidad por lo menos de comer; por ello, las perspectivas en la vida son diversas y por eso no hay comunión de ideas entre la propia población, pues en tanto algunos anhelan propósitos que rayan en lo absurdo por suntuario, otros luchan por lo menos por la subsistencia diaria, y efectivamente el sistema jurídico lo que propone es mantener esas distinciones, ya que no permiten la unidad de la población, y es imposible una transformación para un derecho propio que considere a los dos extremos.

Para contar con un derecho propio también se necesita observar y afrontar las instituciones jurídicas y la realidad social de las naciones desde otra mirada, como la cita anónima del inicio de este sencillo trabajo: “Hoy los que vienen a estudiar este tipo de comercio (informal) como si fuera un problema. No es un problema es una solución. El problema fue creado en otra parte, nosotros estamos solucionándolo. Estos productos llegan a muchas personas que no podrían darse el lujo de comprarlas de otra manera. Además, hacemos presión para que bajen los precios de los productos originales” (de ‘La globalización desde abajo’, Fondo de Cultura Económica, México, 2015). Evidentemente, se requiere de observar los problemas de otra forma y no como nos lo han impuesto en las escuelas y universidades, sobre todo los medios masivos de comunicación; sin embargo, para permitir esa independencia en el pensamiento jurídico se requiere de quitarse el yugo ancestral del miedo, que finalmente es el que ha permitido toda esta “segunda fase del colonialismo”, como le llama el profesor Zaffaroni:

El miedo ha provocado sistemas antidemocráticos que establecen instituciones como el Poder Legislativo, que dicta leyes represivas, en el mejor de los casos, y, en el peor, la criminalización de la población pues, por el miedo, los servicios públicos que debe brindar la administración pública se han convertido en limosna para la población, y lejos de exigir sus derechos, el ciudadano se ha vuelto cliente del sistema o un simple pordiosero. Está incluida cualquier clase social, desde limosnear para una despensa o para un apoyo económico –que debería considerarse como el cumplimiento a los derechos sociales por parte del Estado– hasta ser un pordiosero para recibir educación y servicios de salud –que también son derechos sociales exigibles al Estado–; o bien, ser un sujeto necesitado, pedigüeño de un contrato con el Estado, de una obra pública o de un servicio que el “empresariado” pueda contratar y con lo cual salvar el año, el negocio, los empleados y, si le va bien, incrementar la fortuna, desde luego, a costa de dádivas que son más estrictas en su pago que los propios impuestos.

Ese mismo miedo se ha hecho extensivo a todas las instituciones de gobierno, ya sea al Poder Legislativo, Ejecutivo o Judicial, el de mayor trascendencia, el que debe velar por los derechos de los gobernados, para limitar las acciones del Estado, para contener al poder ante los gobernados, pero hemos observado vergonzosamente que con la teorías europeas que se “adquieren-imponen” en esta parte del continente a veces se materializan en sentencias que son un verdadero bálsamo a la represión existente, y otras veces desafortunadamente con esas teorías de importación justifican las arbitrariedades e injusticias, con la voz que sostiene que los derechos fundamentales son violados –pero sobre todo es permitida esa violación– protegiendo derechos fundamentales, que si bien se pueden entender en el escritorio de un catedrático o de un tribunal, no se pueden comprender en aquel ciudadano que pierde su patrimonio, su futuro, su autonomía o su libertad por esa decisión jurídicamente plausible pero socialmente incomprensible. Ésta es precisamente la labor: hacer un pensamiento jurídico comprensible, adecuado, justo, aplicable y realista para nuestra región.