En los últimos siete meses del año, Uber pagó más dinero al Estado en dar de alta a sus 9 mil 50 conductores, 12.3 millones de pesos, que por concepto de impuestos por los 14 millones de viajes realizados en ese periodo (febrero-septiembre), cantidad que ascendió a 10.6 millones de pesos.

Según información obtenida por CAMBIO, la Secretaría de Infraestructura, Transportes y Movilidad (SITM), emitió dicho número de cédulas de identificación por los que cobró mil 40 pesos por cada una, aunque en la entidad operan 10 mil 789 unidades, que han cubierto el 1.5 por ciento de gravamen por cada uno de sus servicios.

Este medio solicitó a la dependencia que encabeza Martha Vélez, una entrevista para aclarar el por qué hay más autos dados de alta( (por los que se cobra un impuesto) que conductores. En su edición de este miércoles, CAMBIO dio a conocer que son mil 739 coches los que no tienen asignado un chofer, al menos en los registros de la secretaría.

Desde que la compañía extranjera empezó a operar en Puebla en diciembre de 2015, las autoridades locales no han terminado de meterla en cintura, pues en la Ley del Transporte, ni siquiera se obliga a la firma a hacer público su padrón de socios y conductores, como se ha exigido en los estados de Querétaro y Guanajuato.

El Estado tampoco sabe si en el proceso de contratación que realizan los socios a los empleados del volante realmente les apliquen exámenes psicométrico y toxicológico, como presume Uber en su página oficial.

CAMBIO dio a conocer en su edición del lunes que los resultados de esas pruebas a los choferes solo los conoce la empresa Blacktrust que es la responsable, ya que ni siquiera los entrega a los dueños de los autos, según confirmaron algunos socios consultados por este medio. 

Febrero, el mes que más dinero soltó UBER

Según los reportes mensuales que realizó la compañía a la SITM, fue en el mes de febrero cuando más dinero desembolsó por el pago de derechos de cédulas de identificación para sus conductores, un total de 6 millones 222 mil 320, cuando se dieron de alta 3 mil 174.

Por concepto de impuestos también fue en ese mes cuando más se depositó a las cuentas de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), un total de 3 millones 411 mil 245 pesos, cuando se tenían dados de alta 5 mil 860 unidades.

En tanto, mayo fue el mes en el que menos ingresos se dieron por la emisión de las cédulas, 709 mil 280 pesos por 682 fichas de identificación.

CAMBIO tuvo acceso a estas cédulas y en ellas ni siquiera se ven las fotografías que identifiquen a los choferes, solo el logo de Uber. 

Ahora sí van por una regulación rigurosa

En la reforma a la Ley de Transportes que se aprobó en agosto de 2015 –en la recta final del gobierno de Rafael Moreno Valle- para dar entrada a la operación de este tipo de servicio, los legisladores “olvidaron” incluir un reglamento, además que quedó establecido en el artículo 45 que deben ser las propias compañías las que se autorregulen. Son las únicas responsables de las contrataciones.

Ahora lo que pretende el gobierno de Antonio Gali Fayad es que los conductores no operen con licencias particulares sino mercantiles, además que a través de dicha dependencia se les apliquen exámenes toxicológicos y psicométricos cada tres meses. Además de contar con una base de datos de quiénes son los que prestan el servicio.

Aplicará para Kerala México Tehuacán, ICES y Súper RT Kanguro que son las otras compañías que ya brindan este tipo de servicio en la entidad.

Esta iniciativa de volver a legislar se da luego de que en las últimas semanas, tanto Uber como Cabify se han involucrado en delitos, siendo las más graves los feminicidios de dos estudiantes.

En el caso de Cabify, la fiscalía acusó a uno de sus choferes de haber asesinado a Mara Fernanda Castilla Miranda, hecho que derivó en la pérdida de su registro por lo que actualmente ya no está operando en la entidad, mientras que en el caso de Uber, la FGE también implicó a uno de sus choferes en el feminicidio de Mariana Fuentes de la BUAP, aunque el sujeto solo fue vinculado a proceso por el delito de homicidio.