El secretario General de Gobierno (SGG), Diódoro Carrasco Altamirano aseguró que el gobierno agotará todas las instancias legales para impedir que Uber regrese a cobrar en efectivo, pues aseguró que se acordó desde un inicio con la empresa que para seguir operando en la entidad se debería someter a las nuevas reglas que marca la Ley de Transporte.
En entrevista previa al informe de labores del presidente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), el funcionario estatal argumentó que el mecanismo que pretende mantener la firma extranjera no garantiza la seguridad de los usuarios, aunado a que no se pueden verificar los ingresos y que se genera una competencia desleal con los taxistas tradicionales.
“El cobro en efectivo es lo que nos lleva justamente a perder el mecanismo de supervisión y en consecuencias parte de la seguridad que buscamos con las reformas a la ley que se hicieron recientemente”, indicó en alusión a las nuevas reglas que entraron en vigor el pasado 7 de noviembre.
A partir del viernes pasado, Uber dejó de cobrar en efectivo ante un ultimátum que le emitió el gobierno local, pero a la par la empresa recurrió a un juzgado federal buscando echar abajo este punto y otros tres que marca la nueva legislación, tales como no asumir responsabilidad civil y penal en caso de irregularidades de los socios-conductores; no aplicar exámenes socio económicos a los aspirantes a chofer; y el punto que posibilita el acceso de las autoridades a su plataforma sin una orden judicial.
“Está en su derecho de hacerlo y nosotros por supuesto estamos en derecho de combatir ese amparo, y es lo que vamos hacer. Llegamos acuerdos con Uber para que pudieran acatar la nueva ley con este propósito central de elevar el umbral de seguridad para quienes utilizan ese sistema de trasporte ejecutivo Uber y creo que llegamos a buenos acuerdos con la empresa, también establecimos plazos para que se cumpla la ley en materia de no cobro en efectivo”, dijo el funcionario.
Tal y como informó CAMBIO en su edición del 11 de diciembre, además de la suspensión del pago en efectivo, la empresa estadounidense pretende que los juzgados federales le eximan de su responsabilidad civil o penal en caso de alguna irregularidad con sus socios-conductores y de evitar aplicar un examen socioeconómico a aspirantes a choferes. Además de que consideraron ‘ambiguo’ el punto en el que gobierno quiera acceder a información de su plataforma sin una orden judicial.